Análisis

Año nuevo, Gobierno nuevo

  • Una de las primeras tareas del Consejo de Gobierno de PP y Cs será la elaboración de un nuevo presupuesto para 2019

  • La industria y la minería son importantes en sus programas

Marín da la mano a Moreno en el Parlamento andaluz. Marín da la mano a Moreno en el Parlamento andaluz.

Marín da la mano a Moreno en el Parlamento andaluz.

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HA querido el calendario que yo comience la temporada de análisis 2019, y parece inexcusable dedicarlo a aquello en lo que mi ignorancia no sea completa y que se encuentran dentro de la acción del próximo nuevo Gobierno andaluz.

La acción que requiere el desarrollo de los programas electorales de los dos socios de Gobierno va a precisar, en primer lugar, una colaboración muy estrecha y decidida por parte de la función pública. Casi podría decirse que es necesario introducir una nueva motivación en su seno, ofreciendo puestos de alta responsabilidad a los numerosos funcionarios de primera fila y hacer claras para todos ellos las vías de progreso profesional, haciendo patente una elección de personas basada en sus capacidades y no en sus afinidades. No aprovechamos en su momento la creación de las autonomías para realizar una transformación verdadera de la función pública: el ansia por la rápida transferencia de competencias desde el Estado parece que no permitió dedicarle tiempo a una profunda reflexión sobre el modo de acceso a la función pública, a los cauces de progresión y a la organización administrativa en general. A remediar esto, en lo que sea posible, debería servir la nueva ley de Función Pública propuesta en uno de los dos programas; siempre y cuando se aborde con valentía.

Nos hemos encontrado, con el paso del tiempo, con toda una amalgama de situaciones diversas, tanto en lo que atañe a la relación laboral con la Administración cuanto en lo que atañe a nuevos organismos que, como era previsible, han resultado ser bastante menos flexibles y menos útiles de lo que se suponía cuando fueron creados. A veces esto ha sido resultado de no reflexionar bien sobre qué tiene que hacer por sí misma la Administración y qué tiene que hacer el mercado, o bien qué tiene que hacer el sector privado mediante contrato. Sería bueno que todos, ciudadanos y administradores, tuviésemos las ideas claras sobre esto, so pena de que siga siendo un empleado público el que verifica si los faros de mi coche están o no alineados.

Inevitablemente, los programas presupuestarios crean inercias y tendemos a los presupuestos incrementales. Y en esta ocasión, además, ha habido que prorrogar, de momento, el de 2018, lo cual siempre es una fuente de complicaciones. Es necesario redactar un nuevo presupuesto 2019, y no será fácil cumplir con las rebajas fiscales anunciadas -bienvenidas sean- a la vez que se introducen nuevos gastos sin un reexamen de los actuales programas. Los criterios no pueden ser ideológicos, sino basados en el análisis del grado de alcance de los objetivos que los definen (eficacia) y del coste incurrido en relación con los resultados obtenidos (eficiencia). Lo lamentable es que los indicadores disponibles, al menos los enunciados en el Presupuesto, sólo sirven para medir, en realidad, el grado de ejecución a través de las acciones que se habían previsto, pero no sabemos si se alcanza lo que realmente se pretendía y si habría maneras más económicas de realizarlo. Economía y eficiencia son principios constitucionales del gasto público, junto con la equidad (art. 31.2 CE). Los responsables del presupuesto y los de gestión económica de cada Consejería tienen un serio trabajo por delante, que quizá sólo pueda verse reflejado en el presupuesto 2020.

Sólo a título de ejemplo, desconocemos el verdadero rendimiento del sistema universitario, más allá de su producción científica y número de matriculados, porque no hemos querido conocer y analizar la empleabilidad de los egresados, y porque siempre hemos ido posponiendo su evaluación en base a indicadores que superen la mera oferta de títulos y número de estudiantes. Y quizá sería hora de comenzar a condicionar a indicadores de eficacia y resultados una parte de la financiación pública. Pero, claro, antes hay que cumplir la ley y hacer que todas las universidades cuenten con un sistema de contabilidad analítica, además de decidir qué hacemos con las duplicidades de estudios en lugares próximos entre sí, o con la permanencia de ofertas con un número reducido de matriculados. En este ámbito, no quiero dejar de señalar que debería ser un reto tener presencia en el plan europeo de creación de campus transnacionales: se pretende que existan 20 en 2025 y, de momento, sólo Granada se integra en una de las alianzas ya anunciadas.

Ya en el ámbito de los sectores productivos ambos programas hacen hincapié en la importancia de la Industria y uno de ellos señala explícitamente la Minería. Aquí tenemos muchísimo camino por recorrer, no en forma de incentivos económicos, sino en forma de aclaración y de simplificación de la normativa y procedimientos, a veces abstrusos y siempre prolijos, que rige estas actividades. El camino es bastante simple: basta con examinar la normativa y formas de hacer que se aplican en otros países europeos -y estoy pensando en los más avanzados- y asumirla. Y en este examen puede ser especialmente útil la colaboración de empresas industriales internacionales. Aquí, en la construcción de un entorno amigable para la industria y la minería tenemos posibilidad de ganar en capacidad de atracción de inversiones y de animar el desarrollo de empresas ya establecidas. A este respecto, los ingenieros andaluces han elaborado y hecho público un meritorio conjunto de propuestas que merecen ser tenidas muy en cuenta, y es muy posible que una ley de Fomento o de Promoción de la Industria sea el marco adecuado para la racionalización normativa y para asegurar una coordinación interdepartamental que ha dado muy buenos resultados cuando se han utilizado.

Muy probablemente el Gobierno autonómico podría jugar un papel importante en ayudar a la transición a la Industria 4.0, para lo cual tenemos un buen referente en las acciones que está desplegando el Gobierno del País Vasco. Y, desde luego, no hemos de creernos eso de que un "paraíso natural" sirva para crear mucho empleo (pregúntese a los asturianos como les ha ido con esa pamema), sino asumir que en un país desarrollado industria y medioambiente son perfectamente compatibles.

Por otra parte, si algún Gobierno central, cuando sea, decide redactar una nueva Ley de Minas -y la actual es bastante buena y no inconstitucional sólo porque date de 1973-, Andalucía está llamada a tener un papel influyente en su redacción, siquiera sea por la experiencia adquirida como gestora del dominio minero. En el ámbito de la Energía el gran reto de los próximos años es hacer que se hagan posibles los buenos propósitos en torno a la generación renovable. Y para ello es necesario gestionar con inteligencia las competencias autonómicas y, sobre todo, hacer lo necesario para elevar la capacidad de evacuación de la energía generada, el auténtico limitante para la inversión. No es competencia autonómica, salvo en lo relacionado con determinados permisos, pero Andalucía habría de liderar la racionalidad en este asunto y evitar que repitamos las carreras autonómicas desenfrenadas que caracterizaron anteriores períodos de inversión en renovables.

Finalmente, creo que no sería de gran utilidad dedicar las energías a la búsqueda e identificación de comportamientos inadecuados del pasado. Si los ha habido, aparte de los conocidos, ya surgirán en algún momento y, además, sería como poner en cuestión todo el sistema de control, desde la Intervención a la Cámara de Cuentas, en lugar de mejorarlo en lo que se crea necesario. Los andaluces han decidido que otro pensamiento sobre la Administración y sobre la economía andaluza ha de regir la Comunidad, pero no por ello tienen que sentirse arrepentidos de lo que han venido votando a lo largo de muchos años. Creo que lo que esperan es comprobar si hay otra manera posible de hacer las cosas. Este es el gran reto del nuevo Gobierno.

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