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Economía

Borrell defiende ante la juez las indemnizaciones en Abengoa

  • El ex ministro alega que no acudió al consejo que autorizó los pagos a Benjumea y Sánchez Ortega

El ex ministro socialista José Borrell, ex miembro del Consejo de Administración de Abengoa, declaró ayer en la Audiencia Nacional que no asistió a la reunión en la que se avaló la millonaria indemnización concedida al ex presidente Felipe Benjumea porque se encontraba presentando su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, informaron fuentes presentes en la declaración.

Borrell, que declaró como testigo ante la juez Carmen Lamela que investiga las elevadas retribuciones otorgadas a Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores, precisó que votó por delegación a favor del pago. La Plataforma de Perjudicados de Abengoa, personada como acusación, cifra las indemnizaciones abonadas en 16 millones para el primero y 8 para el segundo.

Además, el ex ministro defendió la valía del que fuera presidente de la multinacional, que fue contratado como asesor tras abandonar este puesto. "El talento hay que pagarlo", dijo, además de calificar como una "sorpresa" la quiebra de la compañía. La magistrada oirá entre ayer y hoy a trece antiguos consejeros que dieron el pasado año luz verde a los pagos de Benjumea y Sánchez Ortega, quienes están siendo investigados por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.

El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que el nuevo presidente de la empresa de energías renovables, Antonio Fornielles, explicara que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia poscontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad. Además, se le pagaron casi 4 millones adicionales detectados en las cuentas del ejercicio de 2014 que la empresa comunicó a la CNMV el pasado mes de abril.

El ex ministro de Obras Públicas justificó estos cobros afirmando que se aprobaron por el Consejo de Administración y por la Junta General de Accionistas en septiembre y octubre de 2014, respectivamente. También recalcó que, antes de que se aprobasen dichas retribuciones, se pidió un informe al despacho de abogados DLA Piper, según las fuentes consultadas.

Así, Borrell defendió que él pensaba que la empresa era solvente y que no fue hasta el mes de julio del año pasado cuando percibió que podría haber problemas financieros, al comunicarle el propio Benjumea por llamada telefónica que había que aprobar una ampliación de capital de 650 millones de euros.

Tras abandonar la Audiencia Nacional, el ex ministro hizo declaraciones a los periodistas en las que enfatizó su intención de "colaborar con la Justicia" y explicar todo lo que sabe. "Confío en la Justicia, estamos a su disposición para ayudar a esclarecer los hechos", afirmó.

El Ministerio Público considera que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 "aparentar la marcha" de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de "asesor" del Consejo y cobrando un sueldo "idéntico" al que venía recibiendo como consejero.

Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la "mala situación" de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega, a quien se le contrató por el plazo de un mes de en calidad de asesor antes de pasarle el testigo a Santiago Seage, quien también ha prestado declaración.

Tras estas comparecencias, la magistrada tomará declaración hoy como testigos José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausman, Claudio Santiago Ponsa y José Domínguez Abascal.

Más de un centenar de bonistas y accionistas, entre minoristas y empresas, se han personado en el marco de esta causa tras haber invertido un total de ocho millones en la compañía, poco antes de que ésta solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.

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