La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que obliguen a sus bancos a declarar sus activos tóxicos en un plazo máximo de seis meses si quieren beneficiarse de sistemas de ayudas públicas para deshacerse de estos activos, como la creación de 'bancos malos', la obtención de garantías estatales o incluso la nacionalización.

El Ejecutivo comunitario presentó las directrices que deberán seguir los países de la UE que quieran poner en marcha un plan para tratar los activos tóxicos. Se trata de sanear los bancos y facilitar que se reactive el crédito. "A menos que identifiquemos y aislemos los activos dañados, no podremos acabar con la incertidumbre y reactivar el crédito", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

"Sin un sistema financiero sólido, el crédito a la economía real seguirá disminuyendo y se dificultará la recuperación económica", señaló por su parte el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. "No estamos hablando de salvar bancos por su propio bien o el de sus directivos o el de sus accionistas. Adoptamos estas medidas para restaurar los canales de crédito, que son una parte vital de nuestras economías de mercado", añadió.

El segundo objetivo de estas directrices es garantizar la "igualdad de trato" a nivel de la UE y "evitar distorsiones entre los Estados miembros", resaltó Almunia. Cada Estado miembro tendrá plena libertad para decidir si quiere poner en marcha este tipo de plan y si lo hace obligatorio para todas las entidades o voluntario. Bruselas se encargará de examinarlos y aprobarlos para evitar distorsiones de competencia. 

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya ha anunciado que no piensa recurrir a esta medida y ha pedido a la Comisión que garantice que esta nueva ola de ayudas públicas no dé ventajas a los bancos con problemas sobre las entidades sanas, como las españolas.

Tanto Almunia como Kroes señalaron que la nacionalización "es una de las posibilidades para resolver los problemas de los bancos en dificultades" y que se está considerando a ambos lados del Atlántico y a la izquierda y a la derecha del espectro político. En todo caso, Kroes subrayó que, independientemente de su titularidad, todas las entidades deben cumplir las normas de competencia y dijo que espera que tras la crisis se reviertan las nacionalizaciones.

En todo caso, la comisaria de Competencia lanzó un llamamiento a los Gobiernos para que resuelvan el problema de los activos tóxicos "ahora, no la semana que viene, el mes que viene o el año que viene". "No es una exageración decir que es una tarea hercúlea porque tenemos que limpiar un auténtico desastre. Pero si trabajamos juntos, y no unos contra otros, tendremos éxito", remachó.

La primera exigencia que impone Bruselas es la plena transparencia sobre los activos dañados, que debe producirse antes de la intervención gubernamental. El Ejecutivo comunitario considera que la única manera de que los nuevos planes bancarios sean eficaces es que se obligue a las entidades a declarar los activos tóxicos en un plazo máximo de seis meses desde su puesta en marcha. 

De este modo, se incentiva a las entidades a publicar de inmediato sus problemas y "se facilita una rápida resolución de los problemas bancarios antes de que la crisis económica agrave la situación", señalan las directrices.

La Comisión reclama un enfoque coordinado en la UE a la hora de identificar los activos que pueden beneficiarse de estas medidas y a la hora de ponerles precio. El precio deberá basarse en el valor económico real y no en el valor de mercado y su fijación tendrá que ser supervisada por expertos independientes, certificada por supervisores bancarios y validada por Bruselas.

Los Estados miembros que pongan en marcha este tipo de planes de tratamiento de los activos tóxicos tendrán que garantizar un "reparto adecuado de los costes" entre los accionistas, los acreedores y los contribuyentes. Las entidades beneficiarias deberán pagar una remuneración justa al Estado, al menos equivalente a la que se paga por las recapitalizaciones. Y también pagarán por la cobertura de las pérdidas por depreciación de los activos.

Finalmente, Bruselas reclama que se eviten los conflictos de intereses en la gestión de los activos dañados y que se adopten las medidas de reestructuración, e incluso de liquidación ordenada de bancos inviables, para evitar que haya 'bancos zombies' que sobrevivan únicamente gracias a las ayudas públicas y limitar las distorsiones de competencia. Estas medidas se tomarán tras un análisis caso por caso teniendo en cuenta la ayuda total recibida a través de recapitalizaciones, garantías o compra de activos.

La Comisión aprobará los planes por periodos de seis meses y el visto bueno estará supeditado al compromiso de presentar todos los detalles sobre la valoración de los activos dañados y análisis de viabilidad y planes de reestructuración por cada institución beneficiaria en un plazo de 3 meses que contarán a partir de que empiece a participar en el sistema.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete analizarán estas directrices en la cumbre extraordinaria de este domingo, que estará centrada en el sistema financiero.