La Comisión Europea (CE) quiere crear una autoridad y un fondo únicos para liquidar los bancos en dificultades, un sistema en el que el propio Ejecutivo asumiría la responsabilidad de "pulsar el botón", y que cuenta con la oposición abierta de Alemania.

El nuevo reglamento propuesto plantea la creación de esta autoridad única, que aplicaría directamente las reglas de reestructuración y liquidación de bancos europeas a las 6.000 entidades de la zona del euro, y el impulso de un fondo de resolución conjunto con aportaciones del sector financiero, que alcanzaría los 55.000 millones en 2025.

"Seguiremos adelante con una gran determinación, sin dejarnos impresionar por las presiones", afirmó ayer el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, sólo un día después de que el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, advirtiera en la misma capital europea de que Berlín se opone a la propuesta. "Pido enérgicamente a la Comisión que en su propuesta del mecanismo único de resolución sea muy cuidadosa y se ciña a una interpretación limitada del Tratado", aseguró Schauble.

Berlín afirma que no se opone a la creación de este sistema de liquidación, pero exige que antes se reformen los tratados comunitarios, un proceso que sería muy largo y complejo. Como alternativa, Alemania desea establecer una mayor coordinación entre los responsables nacionales de liquidación bancaria y una "red" de los fondos nacionales de liquidación.

Ante estas reticencias, Barnier mostró la disposición del Ejecutivo europeo a aceptar una modificación de los tratados en el futuro, pero sin renunciar a su creación y puesta en marcha, que espera que se produzca en 2015. Para ello sería necesario lograr un acuerdo antes de mayo de 2014, momento en el que se agota la actual legislatura europea.

La rapidez en la toma de decisiones es el argumento clave que la CE esgrime para justificar la asunción de esta nueva responsabilidad, frente a la lentitud de otras instituciones, una cuestión fundamental en una situación de urgencia como pueda ser la gestión de una bancarrota.

Antes de llegar a ese punto, el Banco Central Europeo (BCE), en calidad de supervisor único de la zona del euro, deberá dar la voz de alarma si detecta que la situación de un banco es insostenible, de modo que la autoridad única de liquidación será la encargada de recomendar a la CE dejar caer a la entidad y el modo en que debe hacerse.

La propuesta establece que la autoridad única estará compuesta por las instituciones nacionales responsables de la liquidación de bancos y representantes de la CE y el BCE. En ella participarán todos los países de la zona del euro, así como aquellos otros Estados miembros que quieran unirse de manera voluntaria, pero las decisiones clave las tomarán un consejo reducido formado sólo por los países en los que está la matriz de la entidad en dificultades y aquellos en los que tiene subsidiarias.

La CE y el BCE tendrán también voto, por lo que se trata de una toma de decisiones "conjunta" en la que se aplicarán las normas establecidas en la futura directiva de reestructuración y liquidación bancaria. Esta normativa, pactada recientemente por los Estados miembros y que se encuentra ahora en negociaciones con el Parlamento Europeo, establece criterios específicos para aplicar los llamados "rescates internos".

Esta establece una jerarquía para las quitas, que empieza por los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados. Habrá una protección especial a los depósitos de más de 100.000 euros en manos de particulares y pymes, mientras ya se ha consensuado que los ahorros por debajo de 100.000 euros serán sacrosantos. Hasta 2018, los rescates internos recaeran en los bonistas júnior, sin afectar a los sénior y los depósitos.