Los servicios jurídicos del Consejo de la UE consideran que no existe base legal para aprobar por el momento una nueva prórroga para España y Portugal para cumplir con el objetivo de déficit, como ha propuesto la Comisión Europea (CE), al opinar que esta decisión debe tomarse bajo el procedimiento sobre déficit excesivo, lo que obligaría a pronunciarse también sobre una posible multa por el desvío de las cuentas públicas en 2015.

El pasado 18 de mayo la CE decidió aplazar hasta julio la decisión que debe tomar para iniciar el mecanismo de sanciones sobre España y Portugal, pero al mismo tiempo, recomendó aprobar una prórroga de un año extra, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit presupuestario por debajo del 3%.

Según la opinión legal del Consejo, no existe una base legal que permita a los ministros de Finanzas de la UE (Ecofín) dar su visto bueno al año extra en su próxima reunión del 17 de junio si no se ha dado un paso adelante bajo el procedimiento por déficit excesivo.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron ayer que la prórroga "no está en cuestión" y que lo que se debate "es un tema de procedimiento".

Dar un nuevo paso en el procedimiento por déficit excesivo supondría certificar la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo el año pasado, que era del 4,2% mientras que el desfase final de la cuentas públicas fue del 5% (5,1% sumando la ayudas al sistema financiero). Esto supondría dar el primer paso para imponer una multa del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones.

De esta forma, los servicios legales del Consejo se alinean con la opinión de algunos ministros de Finanzas de la UE, entre ellos el alemán Wolfgang Schäuble, que expresaron sus dudas sobre la legalidad de conceder un año extra a España y Portugal y a la vez aplazar decisiones bajo el procedimiento por déficit excesivo.