Durante los últimos años hemos asistido a una proliferación de movimientos políticos dirigidos por líderes antisistema que han ganado elecciones o aumentado considerablemente las perspectivas de conseguirlo.

Muchos de esos líderes y movimientos -de distintos signos ideológicos- son definidos como populistas. Con independencia de sus extracciones políticas, esos movimientos prometen solucionar problemas que muchos ciudadanos padecen, sin importar los costes que conllevan las soluciones propuestas.

La mayoría de las promesas, tienen asociadas unos costes que los líderes populistas no piensan pagar, aunque sean conscientes de los mismos. Pero el objetivo es ganar el poder, o mantenerse en él, a cualquier coste. Para la consecución de esos fines utilizan las instituciones democráticas establecidas, pero terminan violentándolas o destruyéndolas completamente.

Los economistas utilizamos la expresión "inconsistencia temporal" para referirnos a políticas o cambios institucionales que hoy muestran todos sus beneficios, pero que presentan sus costes en el futuro. Esa asimetría temporal, resulta irresistible para aquellos líderes que quieran implementar esas políticas, porque los ciudadanos las disfrutarían durante el corto periodo de cuatro años que concede una victoria electoral. Pasado ese periodo, se manifestarían los costes.

Esa inconsistencia temporal afecta también a líderes y partidos no populistas. Por ejemplo, una gran expansión fiscal y monetaria en el presente da lugar a una aceleración del crecimiento en el corto plazo. Sin embargo, al tener que revertirse las medidas poco después, da lugar a una mayor inflación y desempleo que antes de implementar esas políticas. No obstante, las democracias consolidadas han incorporado a su funcionamiento reglas que restringen notablemente la arbitrariedad de esas políticas, especialmente por la independencia que detentan los bancos centrales respecto de los gobiernos.

Aunque desde nuestra perspectiva las políticas de los líderes populistas carecen de racionalidad, en realidad tienen una lógica. Los beneficios a corto plazo intentan extenderlos en el tiempo todo lo posible. Cuando los costes aparecen utilizan la represión física, el impago de la deuda y la destrucción de las instituciones. Y manipulan sistemáticamente la política de comunicación, por la que culpan a un enemigo exterior de todos los problemas derivados de esos costes. Esos enemigos externos pueden estar dentro del país -las empresas, los bancos o los independentistas catalanes culpando a España de todos los problemas, en nuestro caso- y fuera; el FMI y, en la UE, la Comisión y el BCE son habitualmente tachados de enemigos del pueblo.

Hay, no obstante, algunos problemas que son utilizados por los líderes populistas para justificar sus actuaciones que tienen bases racionales. El aumento de la desigualdad a largo plazo es utilizado por los populistas de izquierda radical. Los cambios sociales y culturales derivados de la inmigración, la modificación en el status social de las personas de color blanco o los costes asociados a la globalización materializados en pérdida de puestos de trabajo son fenómenos fácilmente manipulables por líderes que buscan soluciones rápidas a esos problemas.

Todas estas transformaciones, que afectan profundamente al estilo y condiciones de vida de los ciudadanos, encuentran terreno abonado en el populismo para proponer medidas radicales. Los ciudadanos dejan de creer en cambios institucionales reformistas y graduales.

Una investigación reciente sobre los países de la UE muestra que por cada punto de aumento del desempleo se incrementa en un punto los votos que obtienen partidos radicales de derecha o izquierda.

Esa correlación tan fuerte no existió en las anteriores crisis padecidas por los países occidentales. Fueron menos profundas y duraderas. Sin embargo, la crisis que se inició en el año 2007 ha deparado unas secuelas sociales de las que todavía no nos hemos recuperado. Cientos de miles de personas maduras fueron despedidas. Otros cientos de miles de jóvenes nunca se incorporaron al mercado de trabajo o lo han hecho en condiciones precarias. En paralelo, los costes de la globalización -que se ha acelerado extraordinariamente- han añadido mayores dificultades para la creación de empleo o para evitar su destrucción, en el corto plazo. Social y económicamente, sigue operando el fenómeno de la histéresis: las causas han desaparecido, pero los efectos continúan.

El populismo económico recurrente -de derechas e izquierdas-, destruyó a la economía griega. El estancamiento secular en Francia ha puesto en jaque el estado del bienestar. La gran ola de inmigración o la contención de su amenaza y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, han estimulado la aparición de partidos de extrema derecha en Holanda, Suecia, Alemania, Italia, Polonia y Hungría. La crisis económica ha servido de sustrato para impulsarlos. Unas causas comunes, aunque con características nacionales específicas.

En nuestro caso, la durísima crisis económica se unió a la proliferación de casos de corrupción que los partidos tradicionales se han visto incapaces de contener, dando lugar al populismo de izquierdas.

Tanto en España como en cualquier otro país, los intentos de resolver los problemas con medidas de las que se esperan resultados inmediatos conducirían a un deterioro de la situación económica y de las instituciones. El acuerdo sobre subida de pensiones es un reflejo de lo comentado, si no se adoptan otras medidas que la hagan viable. La promesa de los partidos que van a gobernar Italia de garantizar una renta mensual de 700 euros a todos los ciudadanos, en un país con una deuda pública del 130% del PIB, es otra.

Nuestro país no puede estar paralizado por los problemas derivados del independentismo catalán. Es posible enfrentar este problema y, simultáneamente, realizar cambios institucionales profundos para hacer más competitiva a la economía española, creándose más y mejor empleo, y evitando la radicalización de la política.