El presidente de Endesa, Borja Prado, criticó ayer que la compañía es "la empresa más perjudicada por las medidas aprobadas o anunciadas por el Gobierno" para atajar el déficit eléctrico, al mismo tiempo que mostró su disposición a colaborar con el Ejecutivo. Durante su intervención en la junta general de accionistas de la compañía, Prado explicó que las medidas aprobadas el pasado año tuvieron un impacto de 313 millones de euros en las cuentas de la empresa en 2012. A esto hay que añadir las nuevas normativas aprobadas en los primeros meses de 2013, entre las que destaca el proyecto de ley de sistemas eléctricos extrapeninsulares, que según Prado, podría tener consecuencias "graves y discriminatorias" que todavía no han sido cuantificadas.

Esta normativa -que prevé medidas para fomentar la competencia en los sistemas extrapeninsulares y el traspaso de la titularidad de las centrales de bombeo y regasificadoras a los operadores del sistema- "sólo afectaría negativamente a Endesa". En este contexto de reformas, el presidente de la eléctrica defendió que la compañía "ha reaccionado siempre con la actitud más abierta posible".

"Endesa mantiene, como siempre, su disposición al diálogo constructivo y a colaborar con la Administración en el diseño y aplicación de las mejores soluciones para el sector y para la economía española", apuntó. Sin embargo, Prado reconoció "el acierto y los méritos de la política económica del Gobierno " y le animó "a mantenerse firme en sus decisiones de ajuste".

Por otra parte, la compañía anunció que recortará un 25% la retribución total al consejo de administración como medida de austeridad, al tiempo que aplicará además otra disminución del 30% en las retribuciones variables del presidente, Borja Prado, y del consejero delegado, Andrea Brentan.