El Gobierno aprobará este martes un real decreto de ley con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria, que establecerá una moratoria de cuatro años de duración.

Según anunció ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, PSOE y Unidas Podemos han acordado también incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que ya está en marcha, la prohibición de desahucios por impago del alquiler "en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico".

Iglesias concretó estas medidas en un texto que publicó en las redes sociales, en el que también da las gracias a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la vicepresidenta Tercera, Nadia Calviño, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por facilitar la coordinación de estas nuevas medidas.

Crisis en la coalición

Este anuncio llega precisamente tras haberse cerrado la peor semana que ha vivido el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en términos de tensiones y diferencias internas, desde su conformación hace dos meses.

La polémica estalló entre los socios de Gobierno al conocerse las diferencias entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, por un lado, y la vicepresidenta Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por otro, sobre la ley de libertad sexual elaborada por la cartera de la número dos de Podemos.

En un intento de pasar página, fuentes de Moncloa anunciaron ayer que la propia Calvo e Iglesias han "trabajado mano a mano" desde la semana pasada para ampliar el acuerdo de Gobierno de coalición con nuevas medidas para frenar los desahucios por impago de alquiler.

Relato

En declaraciones a los medios de comunicación, Calvo explicó que fue Iglesias quien le llamó el jueves, con motivo del real decreto que está ultimando el Gobierno para el Consejo de Ministros de este martes, con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria.

El vicepresidente segundo explicó más tarde que han acordado, por un lado, establecer en ese real decreto "una moratoria frente a los desahucios hipotecarios, extendiendo su duración a cuatro años", y también "aumentar los hogares que podrán acogerse a ella, ampliando los supuestos considerados de vulnerabilidad como, por ejemplo, las familias monoparentales con hijos a cargo".

Ampliación de la LAU

Por otro lado, han pactado ampliar la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos y poner en marcha "medidas concretas para frenar los desahucios por impago del alquiler" que, según Iglesias, "ya son la mayoría de los que se producen en nuestro país".

Hasta la fecha, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se limitaba al compromiso de asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de los inquilinos que no pudiesen pagar la renta por falta de recursos económicos o situaciones de vulnerabilidad.

Podemos y sus socios del grupo confederal no consiguieron incluir en la negociación de diciembre con el PSOE la "prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional" que llevaban en su programa electoral de los comicios del 10 de noviembre, y que siempre ha sido una de sus demandas prioritarias.

De hecho, algunos de los principales dirigentes de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú proceden de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau; la ministra de Igualdad, Irene Montero; o el portavoz de la formación morada y diputado por Madrid, Rafa Mayoral.