Patronal y sindicatos dieron una pista al respecto cuando cerraron, días atrás, el acuerdo sobre la negociación colectiva 2010-2013. Apretados, casi obligados por la crisis, rebajaron por primera vez el listón del 2% de subida salarial sugerido por el Banco Central Europeo y lo dejaron en un máximo del 1% en 2010, una horquilla de entre el 1% y el 2% en 2011 y otra de entre el 1,5% y el 2,5% en 2012. Asimismo, una inflación del 0,8% a cierre de 2009 inyectó suficientes dosis de realismo a los negociadores. Estos citados porcentajes no son de obligado cumplimiento, pero sí marcan tendencia. El Gobierno plantea ahora el siguiente paso en su propia casa, la Administración Pública, para acercarse a ese objetivo de reducción del gasto en 50.000 millones de euros durante los próximos cuatro años. El objetivo: los funcionarios. Aunque el mensaje oficial se cuide muy mucho de parecer más contundente de la cuenta, claro.

Correspondió al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, salir al ruedo y hablar de la medida. El dirigente socialista abrió ayer la puerta a la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad.

"No es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos para hacerlos coherentes con el objetivo marcado por el Gobierno", señaló Ocaña en una rueda de prensa sobre la Ejecución Presupuestaria del año 2009 [ver apoyo], donde aseguró que el instrumento principal será la reducción de la tasa de reposición.

Ocaña dijo que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar en el marco adecuado, que es la negociación con los sindicatos.

El objetivo será asegurar que se cubre la reducción del 4% del coste que suponen los empleados públicos y que ha planteado el Gobierno en su plan de austeridad, puesto que lo acordado inicialmente con los sindicatos tiene ahora que adaptarse a lo planteado por el Gobierno para reducir el déficit.

Preguntado por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, Ocaña coincidió en la importancia de acometer una reforma "ambiciosa" que cambie las expectativas del mercado.

"Necesitamos un reforma que acabe con la sensación de que estamos condenados a tener este número de parados durante mucho tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo" [con Fernández Ordóñez], señaló, tras destacar que ésta es una de las prioridades del Gobierno, junto a la reducción del déficit y el restablecimiento del sistema financiero.