La central nuclear de Santa María de Garoña, en el valle burgalés de Tobalina, comenzó su actividad en 1970 y, aunque ya cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012, antes de que finalizase la prórroga que le concedió el Gobierno, ahora echará el cierre definitivo con la decisión del Gobierno de no renovar la autorización de explotación de esta planta.

Esta central, que tiene una potencia instalada de 460 megavatios, es desde 2006 la más antigua en activo y aunque los 40 años de vida útil de estas instalaciones concluyó en 2011, la empresa propietaria, Nuclenor, compuesta por Iberdrola y Endesa, presentó en 2009 la documentación para solicitar la ampliación de la vida útil más allá de 2019, a lo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respondió con un informe favorable pero con una serie de condiciones. En julio de 2011 el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la prórroga de la explotación hasta el 6 de julio de 2013, fecha en la que teóricamente la central cerraría definitivamente. Pero en 2012, antes de que concluyese el plazo límite, las empresas propietarias decidieron el cierre definitivo, por lo que se le impuso a Nuclenor una "fuerte sanción" de 18 millones de euros por un cierre que no estaba autorizado.

En febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Real Decreto que permitía a las empresas propietarias de centrales obtener una nueva autorización, lo que llevó a Nuclenor a solicitar una ampliación de la vida útil de Garoña más allá de 2019. El 8 de febrero de este año 2017, el Consejo de Seguridad Nuclear aprueba el informe "condicionado" para reabrir Garoña, y un mes después, Iberdrola "da marcha atrás", se muestra contrario a la reapertura de la central burgalesa y pide a Endesa que desista de la explotación.

La nueva situación parlamentaria, con el PP en minoría, la aprobación de una Proposición de Ley a favor del cierre de Garoña presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados en febrero de este año y apoyada por todo los grupos, a excepción del Partido Popular, lleva al Gobierno a darse un plazo de seis meses sobre el futuro de la planta nuclear, hasta ayer.