Ningún ayuntamiento andaluz puede regular, por sí solo, el uso de viviendas turísticas en sus respectivos municipios, por lo que no tienen la potestad, como sí ha hecho Palma de Mallorca, de aprobar la prohibición de viviendas turísticas en edificios. La Junta de Andalucía publicó hace dos años un decreto con una serie de criterios para legalizar el alquiler de este tipo de viviendas, pero no facilita ninguna competencia a los consistorios. El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, aseguró ayer que la Junta tiene las manos atadas en este asunto y que es el Gobierno central el que puede crear una normativa estatal "de carácter general para todas las administraciones locales". En este sentido, Fernández reclamó al Gobierno que se desarrolle una normativa que permita tener la misma regulación en todo el país. "Fue el gobierno de Rajoy el que sacó los alquileres de menos de dos meses de la ley de arrendamientos urbanos y hay que darles a los municipios las herramientas para ordenar. En eso coincidimos todas las administraciones y hemos hablado con otras comunidades autónomas para armonizar", subrayó.

El decreto de viviendas turísticas andaluz no regula, según el consejero, una actividad económica, sino alquileres de menos de dos meses que se consideran turísticos, "por lo que no necesitan una licencia por parte del ayuntamiento y solo precisan los informes que se le exigen para poder entrar en el registro de viviendas turísticas de Andalucía". Fernández señaló que este decreto "garantiza que cualquier infraestructura va a tener unos mínimos de calidad" tanto en lo referente a la vivienda como al control fiscal o policial, pero "esperamos una normativa estatal que dé la posibilidad a los ayuntamientos de regular".

El consejero insistió en que estamos ante "un nuevo modelo de sustitución de alquileres normales por otros turísticos y a los ayuntamientos hay que darles la posibilidad de regularlo y de ordenar el territorio, pero eso lo tiene que hacer el Gobierno central". Fernández detalló que en Andalucía ya se han presentado 43.000 solicitudes para inscribirse en el registro de viviendas turísticas de las cuales ya se han autorizado 34.000.

Siempre ha habido viviendas para alquiler a turistas, pero no era fácil encontrarlas. La aparición en escena de plataformas como Airbnb u otras lo hizo sencillo. Un propietario simplemente tiene que colgar un anuncio en esas redes, algunas fotos, poner su precio y esperar la llamada, que puede venir desde cualquier parte del mundo. Los hoteleros se han quejado de competencia desleal y, finalmente, la Junta desarrolló un decreto a través del cual se exigen una serie de requisitos para estar legalizada. El fenómeno ha pillado por sorpresa a la mayoría de administraciones y en España hay un caos, pues no hay ninguna legislación general y en cada comunidad autónoma se encuentran situaciones diferentes. La ocupación masiva de estas viviendas ha provocado que en algunas ciudades españolas y europeas se hable de turismofobia. Fernández aseguró que en Andalucía "no hay turismofobia porque tenemos una oferta variada y la mejor lucha contra la masificación es repartir los flujos turísticos todo el año por todas las provincias".