El PSOE es partidario de integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de una persona, incluidos los fondos de inversión, dentro de una amplia reforma fiscal con la que estima que se podrían recaudar hasta 40.000 millones más en un plazo de cinco años. Esa es una de las medidas más novedosas que los socialistas han incluido en el documento Bases para la reforma fiscal del PSOE.

La ponente del documento es la secretaria de Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien ha explicado  a los medios que con esta propuesta se reduciría a la mitad la diferencia entre la presión fiscal española y la media de la UE, separadas ahora por ocho puntos. Rodríguez Piñero ha considerado que el principal problema de la economía española no es el gasto público excesivo, sino la debilidad del sistema impositivo, por lo que concentrar la reducción del déficit en el recorte del gasto conduce a un mayor empobrecimiento de la población, a más paro y a un abismo fiscal. Por eso, ha defendido la salida de la crisis mediante el aumento de los ingresos, "para que paguen quienes no lo hacen y quienes contribuyen por debajo de sus posibilidades". Hoy por hoy, ha especificado, las rentas del trabajo medias y bajas soportan el 90 por ciento de la presión fiscal, mientras que las del capital contribuyen con el 10 por ciento restante.

Ante ese panorama, el PSOE ha diseñado una serie de "principios orientadores" de una futura reforma fiscal, basada en figuras ya existentes en los países de mayor renta per cápita del mundo, como Canadá y Holanda, para recaudar más, hacerlo de forma más justa, que la recaudación sea más estable y que los impuestos no distorsionen la actividad económica. La idea es que paguen más los grandes patrimonios y las grandes corporaciones, acabar con la "maraña" de deducciones fiscales "ineficaces y regresivas" y reducir el peso que recae sobre las rentas medias y las del trabajo, de manera que no se subirían los tipos impositivos de estas últimas.

El sector financiero, culpable en buena parte de la crisis, en opinión del PSOE, tendría que soportar dos nuevos impuestos para incrementar su contribución a la sostenibilidad de las cuentas públicas y a financiar la recuperación: uno para gravar el pasivo de las entidades, neto de capital y depósitos, y otro que grave los bonus y retribuciones variables.

La propuesta "estrella" de esta reforma es la creación de una especie de "impuesto a la riqueza", que unifique en el IRPF, a partir de un mínimo exento, todo el patrimonio personal, ya sea inmobiliario o mobiliario e independientemente de dónde esté invertido, incluidos los fondos de inversión, las sociedades instrumentales, los sistemas de previsión social personalizados o las sociedades de inversión de capital variable (sicav). Además, se propone la regulación de las sicav para que sean controladas por la Agencia Tributaria. De esta forma, a juicio del PSOE, pagarían más las grandes fortunas y su capacidad económica quedaría reflejada en el IRPF a la hora de recibir ayudas. También sugiere este partido igualar los tipos impositivos de las rentas del trabajo y del capital en el IRPF; revisar las deducciones fiscales regresivas como las de los planes de pensiones, y fijar un suelo mínimo homogéneo para todas las comunidades del impuesto de sucesiones y donaciones.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, apuestan por aumentar su progresividad eliminando privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones mediante un impuesto mínimo temporal compensable para las grandes empresas, que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo. No obstante, primero sería necesario acordar una base imponible consolidada común del Impuesto de Sociedades en toda la UE.

Sobre el IVA, el PSOE aboga por suprimir su exención en sanidad y educación privadas no concertadas, así como bajar los tipos impositivos de la cultura y de productos higiénicos básicos. Rodríguez Piñero ha indicado que otra de sus medidas es estimular el ahorro a largo plazo mediante el esquema de cuentas individualizadas, similar al vigente en Canadá, que limita la cuantía de la aportación anual y es neutral en cuanto a los instrumentos financieros elegidos. La propuesta incluye también medidas para luchar contra el fraude y la elusión fiscal, por ejemplo elaborando una ley antifraude o designando al director de la Agencia Tributaria en el Parlamento.

Otras iniciativas son elaborar una ley de transparencia de las previsiones tributarias; revocar las licencias bancarias en toda Europa a aquellas entidades que favorezcan el fraude o se nieguen a colaborar con autoridades tributarias, y demandar a los estados miembros que mantengan obstáculos a la cooperación e intercambio de información fiscal con las instituciones de la UE. Los socialistas desean igualmente que se publiquen las contribuciones fiscales de todas las grandes empresas nacionales e internacionales que operan en España, los nombres de los condenados por delitos fiscales y de los defraudadores que se han beneficiado de la amnistía fiscal.