Los peritos de la consultora PwC que detectaron los supuestos sobresueldos percibidos por la cúpula de la antigua Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa, comparecerán como testigos ante la juez de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, el próximo 20 de abril. Según fuentes jurídicas, la citación llega después de que Blesa, investigado junto con su "mano derecha", Ildefonso Sánchez Barcoj, por tales irregularidades, argumentase en un escrito que el informe de los expertos, realizado a instancias del FROB, no contenía un documento en poder de Bankia que justificaría esas retribuciones.

En esta ocasión, la sala tratará de conocer los motivos por los que se excluyeron las actas en la elaboración del informe que dio origen a la investigación, y si tras el envío de las nuevas documentales por el expresidente de Caja Madrid, los peritos se reafirman o cambian sus conclusiones. En el informe, los peritos de PwC consideran que "existen indicios de manipulación en el cálculo de la masa salarial de 8,3 millones de euros", ya que Caja Madrid tuvo en cuenta la retribución de un alto cargo que poco después salió del Consejo, por lo que la parte correspondiente se repartió entre el resto de consejeros.

Este incremento de la masa salarial del Consejo de Administración en 2008 fue un 4,5% superior a lo aprobado en 2007, pasando de 7,9 millones a 8,3 millones; sin embargo, el documento considera que el aumento fue mayor, ya que se repartió entre 9 consejeros en lugar de los 10 del ejercicio anterior.

Ya durante su comparecencia en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla el pasado febrero, Blesa trató de rebatir la acusación mediante una serie de actas, hechas públicas durante la instrucción del caso Bankia, que completarían dicho informe y en el que se motivarían, entre otros, el complemento de pensiones. Ausbanc, que ejerce la acusación particular, no descarta la posibilidad de extender la demanda al resto de directivos del Consejo de Administración de Caja Madrid que recibieron los sobresueldos, para que se determine si pudieron cometer un delito de apropiación indebida o administración desleal.

En enero de 2015, la fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2007 y 2010, una acusación a la que posteriormente se sumó la asociación Manos Limpias, que ha señalado hoy que espera una mayor implicación de la Fiscalía en este caso, una vez archivada la investigación sobre supuestas irregularidades en la compra del Banco de Florida.