El Gobierno portugués prohibió ayer cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público e impuso una autorización especial del Ministerio de Finanzas para pagos imprevistos.

La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador luso con el gasto de los ministerios y dependencias del Estado, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir 1.300 millones en ahorros que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

Un despacho del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, emitido ayer señala que la restricción se mantendrá hasta "nueva orden" del Ejecutivo. De la congelación sólo se salvan tres tipos de gastos: los pagos de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.

La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además "excepcional", según Finanzas, y en principio sólo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza hoy mismo.

Finanzas atribuye la medida a la necesidad de corregir los presupuestos por la sentencia, que el pasado viernes consideró inconstitucionales la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como recortes del 5 y 6% en el subsidio de desempleo y enfermedad.