El anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria prohibirá prácticas comerciales como la modificación unilateral de contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores.

Según indicó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales en este Anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se prevé "un régimen de sanciones", con multas que oscilarán entre 3.000 y un millón de euros.

La novedad más significativa de la ley es el establecimiento de la obligación de formalizar los por escrito en determinadas casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.

Además, se exige que cualquier modificación de las condiciones contractuales se realice por mutuo acuerdo o conforme a lo expresamente pactado en el contrato sin que pueda tener efecto retroactivo.

El Gobierno también presentó ayer el anteproyecto de ley de integración de cooperativas agrarias. Entre las principales novedades, el ministro citó un Plan Nacional de Integración Cooperativa que coordinará todas las políticas de asociación que impulsen Gobierno y comunidades autónomas y la creación de la figura de la "entidad asociativa prioritaria", que tendrá carácter "supraautonómico", tendrá que cumplir con unos requisitos de comercialización conjunta y volumen mínimo de facturación establecido.