La UE avala una aplicación de la PAC sin trasvase de fondos entre autonomías

La fumata blanca de ayer entre Comisión Europea, Eurocámara y estados miembros deja una Política Agraria Común muy suavizada respecto a la propuesta inicial de Bruselas, al menos en lo que se refiere a las ayudas directas. El temido trasvase de fondos entre Andalucía (la región que más ayuda recibe por agricultor actualmente) y otras regiones parece disiparse, después de que la Unión Europea haya aceptado que la convergencia interna derivada de la tasa plana (pago uniforme por agricultor) se efectúe en España dentro de las comarcas. Eso significa que los fondos que lleguen, por ejemplo, a la campiña sevillana se quedarán allí -no habrá trasvases a otras zonas- y la convergencia se efectuará entre agricultores de la zona siguiendo criterios productivos y agronómicos. Un olivarero de secano que ahora no reciba ayuda alguna irá convergiendo con otro de secano de la misma comarca año a año, hasta que en 2019 perciba el 60% de la renta media en ese subsector. Y el que tenga derechos ahora podrá perder hasta esa fecha un máximo del 30% de su ayuda, aunque desde el Ministerio de Agricultura señala que esto sólo sucederá en menos del 1% de los casos y que, en general, el trasvase será mínimo. Además, los agricultores que reciban menos de 1.250 euros anuales (el 46% de los beneficiarios en España, según el Gobierno) quedarán exentos de la convergencia.

Con la consagración por parte de Europa del criterio comarcal, el ministro de Agricultura tiene buena parte del camino hecho en la negociación con las comunidades autónomas el 23 y 24 de julio en conferencia sectorial. La gran dificultad puede ser la complejidad técnica de traducir ese criterio en números. Las propias organizaciones agrarias afirman que "queda mucho camino por recorrer"

El greening -30% del pago asociado a prácticas verdes, muy criticado por los agricultores- también se flexibiliza. Se elimina el criterio de la tasa plana (para todos los agricultores, la misma cantidad) y ese porcentaje del 30% se aplica a cada productor individual. Además, cultivos como olivar, cítricos y frutales cumplirán per se el greening por su contribución en la lucha contra la erosión, y la producción integrada entrará dentro del pago verde. Otro aspecto con el que el Gobierno queda satisfecho es la limitación de las superficie elegible (susceptible de recibir ayudas) que pasa de las 38 millones que se temían en un principio, y que hubiera supuesto una importante dilución de las ayudas, a 22,4.

Algunas reivindicaciones no han sido atendidas. Así, no habrá ayudas acopladas (asociadas a la producción) para el algodón y el tabaco, pero estos cultivos podrán incorporar estas cantidades a su ayuda fija. En el caso del vino, los derechos de plantación se mantendrán hasta 2030, pero a partir de 2016 convivirán con un sistema de autorizaciones administrativas que permitirá incrementar la superficie de producción un 1% cada año. El sistema de cuotas de producción para la remolacha -otro de cultivos clave en Andalucía- acabará en 2017 y las ayudas acopladas (fundamentales para la ganadería, especialmente aquella que no está vinculada a una superficie elegible) podrán suponer hasta un 15% de lo que recibirá España anualmente, 600 millones.

Entre las organizaciones agrarias hubo división de opiniones. Asaja prefirió centrarse en lo positivo, sobre todo teniendo en cuenta que "la propuesta inicial de la Comisión se ha cambiado radicalmente y se ha frenado el golpe", aseguró Antonio Caro, coordinador de los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla". En la misma línea, el secretario general de esta organización, Eduardo Martín, incidió que se ha llegado a este acuerdo a partir de una de las propuestas de reforma "más peligrosas de la última década" y que podía haber tenido "consecuencias tremendas".

COAG, por su lado, recordó que en términos reales (sin tener en cuenta la inflación) el presupuesto para la PAC se rebaja un 13% y además el principio de disciplina financiera ya prevé un recorte adicional del 5% para este mismo año, lo que anticipa una reducción de las ayudas hasta 2020. Para Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía, "se reduce el presupuesto, se desmantelan medidas de mercado, se eliminan cuotas de producción y derechos de plantación y no se ha aprovechado la oportunidad para defender al agricultor activo". En este último punto la organización critica que no se haya concretado la definición (la propuesta inicial era que el 5% de los ingresos provinieran de las ayudas) y se haya quedado en una lista negativa que incluye aeropuertos, obras de agua, servicios ferroviarios, etc. Asaja-Sevilla afirma, por su lado, que una definición concreta hubiera multiplicado la burocracia de una PAC ya de por sí muy burocratizada. En todo caso, la UE deja a cada país la facultad de ampliar la definición.

Agustín Rodríguez, de UPA-Andalucía, afirmó que "no se puede vender como un éxito que haya un recorte del 30% en las ayudas para las actividades más productivas". Y el consejero de Agricultura, Luis Planas, valoró positivamente los avances suplementarios conseguidos para limitar los efectos de una PAC que, afirmó, es perjudicial para las características productivas de la agricultura andaluza.