Más de 5.000 bares y restaurantes podrían cerrar sus puertas tras el verano como consecuencia de la actual crisis económica, la reordenación de los chiringuitos de playa, que emplean de forma directa a más de 40.000 personas, y la prohibición de fumar en todos los locales.

"A la amenaza de cerrar los chiringutos, se une la no menos grave de endurecer la Ley del tabaco con la prohibición de la venta y el consumo de este producto en los establecimientos públicos, siendo los hosteleros los más perjudicados por la misma", subrayó la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

En este sentido, el departamento de Política Sectorial de UPTA se mostró partidario de que sean las comunidades autónomas las que estudien la reordenación de los chiringuitos en relación a la Ley de costas y estudien la adaptación de estas instalaciones a la normativa legal, teniendo en cuenta las condiciones urbanísticas, medioambientales y socieconómicas.

Asimismo, UPTA subrayó que el anuncio de las nuevas medidas para limitar el uso del tabaco en los centros públicos puede ser el "jaque mate definitivo" para la pequeña hostelería por la negativa repercusión que podría tener.

En este sentido, recordó que la ministra de Economía, Elena Salgado, informó hace tres años que la Ley del tabaco perduraría en el tiempo, por lo que muchos hosteleros decidieron invertir en acondicionar sus locales para el cumplimiento de la misma.

"Lamentablemente, y en plena época de crisis, el Gobierno plantea que las inversiones producidas no puedan ni llegar a amortizarse y nos obsequia con un recrudecimiento de la ley que obligará a los hosteleros a acometer nuevas inversiones en terrazas climatizadas y licencias para las mismas", señaló.

De cumplirse el anuncio de la modificación de la Ley del Tabaco, UPTA reclamó al Gobierno la aplicación de un IVA super reducido, una fiscalidad especial para este sector con disminución de los módulos, medidas que faciliten el abandono de la actividad y la jubilación anticipada, así como ayudas directas para las obras e inversiones que supongan el cumplimiento de las nuevas normas que se establezcan, entre otras.