La economía sumergida en Andalucía, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, asciende a más de 29.000 millones de euros, lo que representa un 6,6% de la bolsa de dinero negro existente en nuestro país, según un informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), donde precisó que la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros.

Según indicó Gestha en una nota, distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea "sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación".

El estudio de Gestha -realizado a partir de la extrapolación de esta estimación del 23% las distintas provincias tomando como base los últimos datos provinciales de PIB disponible, según el INE- apunta que la provincia andaluza que concentra el mayor volumen de economía sumergida (24%) es Sevilla, con casi 7.000 millones de euros, seguida por Málaga y Cádiz, con 5.478 y 4.415 millones de euros, respectivamente.

Las provincias de Granada y Almería, por su parte, acumulan una bolsa de fraude superior a los 2.900 y 2.600 millones, respectivamente, seguidas de Córdoba, con cerca de 2.600 millones y Jaén, con más de 2.000 millones. La ultima posición en volumen de economía sumergida corresponde a Huelva, con 1.935 millones de euros.

Los Técnicos de Hacienda estimaron que "con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13 por ciento del PIB, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar --vía impuestos-- casi 21.000 millones adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades".

El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía andaluza está relacionada con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.392 millones, el 16%, se localizan en Andalucía.

En este sentido, los técnicos de Hacienda estiman que "el 75,3% de los arrendamientos localizados en la comunidad andaluza son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco". En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 167.380 alquileres sumergidos en la comunidad andaluza, lo que representa el 17% del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país".

Este colectivo cifra en más de 278 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en esta región derivadas del arrendamiento de vivienda.

Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas, de manera que en la actualidad, el 96,7% de las compañías asentadas en Andalucía que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros --más de 8.000 sociedades-- "escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones".

Por otro lado, los técnicos consideraron que la adquisición de vehículos de lujo "constituye también una 'válvula de escape' para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida". De esta forma, las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 18% en Andalucía en 2007, según datos de Faconauto, mientras que "las matriculaciones de turismos protagonizaron paradójicamente un comportamiento bajista en esta comunidad durante el pasado año".

Ante esta situación, los técnicos de Hacienda consideraron "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo "se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".