Economía

Más de 3.300 efectivos participan en Andalucía en el dispositivo de seguridad de la huelga del transporte

  • El paro indefinido comienza esta madrugada con un posible coste diario para la economía de 600 millones de euros

  • Solo una organización de pymes y autónomos apoya la protesta; el resto se ha desmarcado

  • Piden cobrar a los cargadores por encima de costes, algo que, dicen, no se cumple pese a que ya es ley

  • Transportistas piden al Gobierno un acuerdo por escrito para desconvocar paro

Marcha de camiones durante la huelga del transporte del pasado mes de marzo

Marcha de camiones durante la huelga del transporte del pasado mes de marzo / Antonio Paz / Efe

Más de 3.300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y técnicos de los centros de coordinación del Tráfico en Andalucía componen el dispositivo de seguridad para garantizar la normalidad durante las jornadas de paros anunciados por una parte del sector del transporte por carretera.

Los transportistas inician esta medianoche el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte que podría costar a la economía 600 millones de euros al día, al tratarse de un cese de actividad ante campañas tan importantes como el 'Black Friday' o la Navidad.

Esta previsión de pérdidas ha sido realizada por el profesor de OBS Business School Eduardo Irastorza, según los datos extraídos del informe sobre el 'Black Friday', durante el cual se calcula que las ventas en España se incrementen en un 706%, aunque el récord en la Unión Europea lo podría marcar Alemania, donde la subida se espera que sea del 2.418%.

La plataforma convocante, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas, aunque no se conoce su número de asociados, se moviliza en protesta por el incumplimiento por parte de los cargadores (clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar bajo coste y la participación gratuita de los conductores en las tareas de carga y descarga.

Se trata de la misma organización que, en marzo pasado, protagonizó un paro del transporte que duró veinte días, generando graves problemas en la cadena de suministros.

A diferencia de aquella protesta, a la que se sumaron algunas otras asociaciones como Fenadismer, Fetransa o Feintra, en esta ocasión, tanto las organizaciones patronales como las sectoriales agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), no han respaldado el paro.

En Andalucía, la Delegación del Gobierno informa de que ya se ha diseñado una organización en mesas de coordinación en cada una de las subdelegaciones del Gobierno y en la delegación del Gobierno que, siguiendo el modelo de la estructura nacional, realizarán un seguimiento de los paros y mantendrán una comunicación continua con las Fuerzas de Seguridad, las empresas de logística y transporte, distribuidoras de alimentación y productos y centros logísticos.

Se han establecido canales de comunicación directos entre sectores productivos y de logística y Policía Nacional y Guardia Civil para, en el caso que sea preciso, realizar el acompañamiento de convoyes de mercancías y se mantendrá una vigilancia continua de las vías a través de los sistemas de video vigilancia de la Dirección General de Tráfico.

Previamente, durante esta semana, el delegado del Gobierno ha mantenido reuniones con los mandos de las jefaturas superiores de Andalucía Oriental y Occidental de la Policía Nacional, la IV Zona de la Guardia Civil, las subdelegaciones del Gobierno de España en Andalucía y la patronal agroalimentaria y de otros servicios básicos en Andalucía con los objetivos de preparar los procedimientos de actuación y establecer cauces de comunicación e información que permitan una respuesta ágil en cada momento.

Los motivos de la protesta

Entre marzo y agosto pasados se aprobaron dos reales decretos-ley con medidas para mejorar la situación del sector acordadas entre el comité nacional y el Ministerio de Transportes.

A principios de agosto, se publicó el real decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que incorpora modificaciones en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías, para tratar de garantizar que el precio del transporte sea superior a los costes y gastos individuales efectivos en que incide el transportista.

Sin embargo, los pequeños transportistas denuncian que las empresas cargadoras "siguen sin ofrecer ni pagar unos precios que den realidad a los costes que verdaderamente den lugar a una economía justa, sana y viable", así como la pasividad de la Administración en el control de la aplicación de la ley.

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