El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, cifró hoy en más de 1.000 millones de euros el coste total que tendrá para las compañías el conocido como "bono social", por el que la tarifa eléctrica se congelará hasta 2012 para unos 5 millones de clientes.

En declaraciones a la prensa tras participar en un curso sobre contabilidad en empresas energéticas, Rivero rehusó comentar el decreto aprobado el jueves por el Gobierno para poner fin al problema del déficit tarifario porque aseguró desconocer su contenido.

No obstante, afirmó que el sector lo asume con "resignación positiva" porque aunque no recoge todas sus peticiones pone fecha final al déficit de tarifa, la diferencia que surge porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes y que en el acumulado desde 2000 asciende a unos 16.000 millones de euros.

"Ahora sabemos que acaba dentro de tres años", cuando no habrá más que "precios, contratos y acuerdos entre la gente", afirmó Rivero, que dijo que para la estrategia de negocio de las compañías es muy importante poder "prever los ingresos de futuro", sobre todo para conseguir préstamos para financiar sus inversiones.

El presidente de Unesa valoró la "valentía" del Gobierno por afrontar la situación "en el peor momento de toda la historia del déficit".

Rivero recordó que el decreto deberá ser desarrollado y apuntó que, en su opinión, tiene que contener la petición de las eléctricas de que se anule la normativa que establece la devolución de los ingresos obtenidos a través de la tarifa por los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente.

Según informó el jueves el Ministerio de Industria, podrán disfrutar del bono social los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, las familias numerosas, las que tengan a todos los miembros en paro y quienes perciban pensiones mínimas.

Además, el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos.