UNA característica de las asociaciones de empresarios andaluces y sus confederaciones provinciales, agrupados en nuestra comunidad autónoma a través de la CEA, ha sido desde hace tiempo su neutralidad ante las elecciones, respetando la pluralidad política de los asociados. De esta manera, unas propuestas que ha publicado la Confederación de Empresarios para los partidos políticos, responden más bien a la visión empresarial sobre cuestiones prácticas que requieren una respuesta política, que a un posicionamiento partidista. Nos referiremos a tres aspectos de los quince que se tratan en la publicación.

El más importante es la necesidad de diálogo como forma de construir una economía próspera y sostenible. El diálogo entre la política y las organizaciones empresariales representativas no debe sesgarse a temas laborales, sino abarcar la propia política económica del gobierno; los empresarios tienen mucho que decir sobre educación, inversiones, impuestos sobre el trabajo, ahorro y pensiones complementarias, cómo se favorece una mayor dimensión empresarial, o cómo se gana en competitividad y aplicación de la tecnología. La capacidad de dialogar que han demostrado trabajadores y empresarios durante la crisis no ha tenido equivalente en la política. Cuando los partidos ven que no es posible llevar a cabo un programa, deben llegar a compromisos; hoy día en España no hay ningún partido con apoyo suficiente para implantar sus políticas, y es más razonable buscar un común denominador de las mismas que empeñarse en crear mayorías simples y frágiles para sacarlas adelante. Dos ejemplos podrían ser la disposición que mostró en su día la Junta de Andalucía ante el Gobierno central para relanzar la minería; y ahora el compromiso sobre el impuesto de Sucesiones y la menor presión fiscal. Este diálogo se echa en falta entre el Estado y las comunidades autónomas, y entre estas, para coordinarse y construir un mercado interno sólido.

Sobre el tema crucial del empleo, los empresarios ven la importancia de las relaciones laborales y reclaman autonomía entre las partes para negociar. Cuando hay condiciones objetivas para generar empleo las relaciones son más fluidas; la política mira al desempleado, pero debería mirar a la creación de empleo, y a rigideces como las cotizaciones sociales y la fiscalidad sobre el trabajo. Habría también que evaluar las políticas para el empleo y a los organismos que las desarrollan, la eficacia de los incentivos para las empresas, y cuestiones como la formación, idiomas, y desempeño digital. Un tercer detalle que me llama la atención es la queja empresarial por la inseguridad en que viven los funcionarios públicos ante la judicialización penal de cuestiones administrativas. Es difícil pedir a un funcionario agilidad y eficiencia para resolver tantos y tantos temas que afectan a la actividad de la empresa, si teme que se le juzgue por tener criterio sobre un asunto; un amigo matemático, ingenuamente me apuntaba que imputar de entrada a cincuenta personas, como ha ocurrido, para luego quitar a la mitad es un error de cálculo, "de juicio", que no sería tolerable en ninguna otra actividad.