Los juzgados de Primera Instancia habilitados en cada provincia para gestionar los litigios relacionados con las cláusulas suelo registraron cerca de 16.000 demandas (15.801) en junio, según la última actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A tenor de los datos conocidos este lunes, el juzgado de Madrid concentró en su primer mes de funcionamiento el grueso de las reclamaciones, 2.803, seguido de Barcelona, con 1.033 y Valencia, con 834, en tanto que Ceuta cierra la clasificación con 13 procedimientos interpuestos por particulares ante su sede especializada.

Fuentes del CGPJ estiman que, de mantenerse el actual ritmo de entrada, estos juzgados podrían cerrar su primer año de actividad con un total de 192.245 expedientes.

Las cifras incluyen los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia sobre demandas presentadas de forma electrónica a través de la plataforma LexNET en las comunidades autónomas que disponen de dicho sistema, en tanto que en el caso de Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, han sido ofrecidos por los propios Tribunales Superiores de Justicia.

Entre los supuestos contabilizados se encuentran, además de litigios por cláusulas suelo, reclamaciones sobre otros aspectos de la contratación hipotecaria como son el vencimiento anticipado, los intereses moratorios, las hipotecas multidivisa o los gastos de formalización de hipoteca.

El pasado 1 de junio entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que el pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la total retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.

Durante el encuentro del pasado viernes, los jueces decanos expusieron ante el Consejo el funcionamiento de las sedes especializadas y evaluaron las medidas de refuerzo que podrían aplicarse después de verano, en septiembre, mes para el que ya está convocada la comisión de coordinación que componen miembros del CGPJ, del Ministerio de Justicia y de las propias autonomías.