La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de las siete que operan en España y cuya actividad está parada desde diciembre de 2012, dejará de funcionar tras la decisión del Gobierno de no renovar la autorización, anunció ayer el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

El ministro informó de que el Ejecutivo ha tomado esta decisión por el escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español, ya que tiene una potencia de solo 400 megavatios, y por la oposición de la mayoría de grupos parlamentarios.

Garoña, ubicada en el valle de Tobalina, es la tercera central nuclear que se cierra en España, tras Vandellós I (Tarragona) y Zorita (Guadalajara).

Nadal informó de que la orden ministerial por la que se denegará la renovación de la autorización se firmará "inmediatamente" y su desmantelamiento se prolongará entre 13 y 16 años. Dejó claro que esta decisión del Gobierno no se puede extrapolar al resto de las centrales y que el Gobierno sigue apostando por la energía nuclear. Su cierre tendrá un impacto "nulo" en la seguridad del suministro y en el precio de la electricidad, afirmó.

Según Nadal, la decisión se ha tomado "viendo el contexto de clara oposición política" y teniendo en cuenta que las empresas han querido utilizar este tema como "elemento de presión" para cambiar la regulación, ya que pretendían reducir la carga fiscal asociada a la energía nuclear

Nadal admitió que la postura del Gobierno habría sido "diferente" si el Gobierno hubiese tenido mayoría parlamentaria. La intención del Ejecutivo era mantener activa la planta, y de hecho ya hubo un informe en febrero pasado del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que recogió que Garoña necesitaba una serie de inversiones para tener las condiciones técnicas para seguir funcionando con plenos requisitos de seguridad.

El ministro de Energía lamentó que no haya existido un "debate sosegado" en el ámbito político sobre el futuro de Garoña y subrayó que cualquier central nuclear "necesita certidumbre económica, política y social" para poder amortizar las inversiones. En este sentido, recordó la reciente proposición de ley planteada por el PSOE para cerrar Garoña, que tenía el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, excepto el PP.

Nadal avanzó que su departamento ha mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León para poner en marcha un plan de reactivación económica que compense a la comarca, y explicó que hay un plan social para garantizar la vida laboral de los 400 trabajadores de la central.

Fuentes de Endesa -que gestiona la planta a través de Nuclenor, participada al 50% con Iberdrola- aseguraron que la empresa respeta y asume la decisión anunciada por el Gobierno sobre el cierre de Garoña. Endesa recordó que Garoña ha acumulado en los cinco años de cierre pérdidas de 360 millones de euros, dato que no puede suponer en ningún caso "precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de las centrales". Iberdrola, por su lado, ya había señalado públicamente no tener interés en la reapertura de la central y pidió a su socio que desistiera de solicitar la renovación del permiso.

En el País Vasco -Vitoria está a 50 kilómetros de la central- la satisfacción ha sido unánime, mientras que el Gobierno de Castilla y León calificó la decisión de "error histórico". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aludió en su cuenta de Twitter a una magnífica noticia", algo que su partido lleva "muchos años exigiendo".