Economía

Los sindicatos se manifestarán por un salario mínimo de 1.200 euros para los funcionarios de la AGE

  • CCOO, UGT y CSIF convocan 50 protestas del 21 de mayo al 21 de junio por diferentes ciudades.

  • Denuncian el castigo del Gobierno a la Administración para cumplir los parámetros de contención del gasto

Los funcionarios salen a protestar a la calle. Los funcionarios salen a protestar a la calle.

Los funcionarios salen a protestar a la calle. / José Martínez

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CCOO, UGT y CSIF han convocado medio centenar de manifestaciones en ciudades de toda España desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio para reclamar mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE).

En concreto, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos de la AGE, así como que se homologuen las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para lograrlo, proponen una incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.

CCOO, UGT y CSIF denuncian que la Administración General del Estado ha sido "castigada" de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados "con la excusa de la crisis".

Los sindicatos reclaman, asimismo, el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento de toda las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario.

Al mismo tiempo, demandan que se desarrolle y aplique la jubilación parcial en el ámbito de la AGE, que se desbloquee el IV Convenio Único del personal laboral, y que se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer el derecho a la carrera profesional y adaptar la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

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