Casi 340.000 trabajadores andaluces corren el riesgo de que el convenio colectivo por el que se rigen decaiga de forma automática el 8 de julio. Si no hay un acuerdo previo entre la parte empresarial y los trabajadores, 122 textos dejarán de ser aplicación en esa fecha y a partir de ese momento los empleados pasarán a depender del convenio inmediatamente superior (si es uno de empresa sería el provincial, el regional o el nacional, por ejemplo) o, si éste no existe, directamente del estatuto de los trabajadores. En este último supuesto todos los contratos se regirían por el principio de la negociación individual.

¿Por qué precisamente el 8 de julio? Es simple: la reforma laboral dispone que aquellos convenios denunciados antes de la fecha de promulgación de la norma (7 de julio de 2012) estarán sujetos a un plazo máximo de negociación de un año a partir de esa fecha. Si no hay acuerdo, morirá. Antes de la reforma se aplicaba la ultraactividad, según la cual el último convenio seguía vigente mientras no hubiera pacto.

Técnicamente, según los datos de UGT-Andalucía, ahora hay 214 convenios en esta situación, que amparan a 50.325 empresas y 488.037 trabajadores andaluces, de los cuales unos 428.000 se acogen a 48 convenios sectoriales (provinciales o autonómicos) y el resto, unos 60.000, a acuerdos individuales de empresa. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se afirma que en muchos casos estos convenios contienen una cláusula de ultraactividad que los renueva automáticamente en caso de discrepancia entre las partes. Y la reforma laboral se refiere a textos "denunciados con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo salvo pacto en contrario". Con esta premisa serían 122 convenios los que estarían verdaderamente en riesgo, que amparan a los 340.000 trabajadores mencionados.

Ayer, y en vista de que el fatídico 8 de julio se acerca con muchos convenios sin renovar, la ministra Fátima Báñez instó a sindicatos y patronal a redoblar sus esfuerzos e incluso a elaborar un código de buenas prácticas que sirva de referente en las negociaciones.

Sindicatos y patronal ya están, de hecho, en marcha. Ayer mismo se conoció que, a nivel nacional, CCOO y UGT han propuesto a la CEOE llegar a un acuerdo para prorrogar la ultraactividad de los convenios pendientes un año y el sometimiento a un arbitraje voluntario para tratar de cerrar cuanto antes un acuerdo. Según la UGT, en España, a día de hoy, están pendientes de firmar casi 3.000 convenios, que afectan a cuatro millones de trabajadores.

A nivel andaluz también hay movimiento. Ayer lunes se produjo la primera reunión, en el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), para llevar a la práctica uno de los puntos del Pacto por el Empleo, firmado el 20 de marzo, en el que se llama a las partes a solucionar este asunto en el plazo máximo de un mes. Pese a que este límite está ya prácticamente cumplido, el diálogo se encuentra aún en fase embrionaria. La disposición es la de "identificar los puntos" en los que estén bloqueada las diferentes negociaciones y "ayudar" a las partes a desatascarlas. Sería una especie de mediación en la que se respetaría en todo caso la autonomía de decisión de los actores implicados. Hoy mismo sindicatos y patronal tratarán de avanzar en el CARL en el convenio del metal en Cádiz.

Los sindicatos culpan a la reforma laboral. Creen que ha propiciado que las empresas "no negocien los convenios pendientes o los intenten negociar a la baja bajo el chantaje de que, o asumes sus propuestas inaceptables, o te quedas sin él", afirma Miriam Pinillos, secretaria de Acción Sindical de CCOO-Andalucía. Desde la CEA, Manuel Carlos Alba, director del departamento de Relaciones Laborales, asegura que los convenios deben "ajustarse a la situación del mercado". Y en muchos casos, añade, es "impensable" que se sigan manteniendo las condiciones, "no ya de hace cuatro años, sino sólo de hace dos años". A los empresarios, dice, no les interesa que los convenios caigan, entre otras cosas porque el fin de la ultraactividad introduce inseguridad jurídica, ya que hay expertos que creen que no se puede pasar de un convenio al estatuto de los trabajadores sin más.