EXTREMADURA, Castilla-La Mancha y la ciudad de Sevilla. Ésas son las tres circunscripciones más reñidas de estas elecciones municipales y autonómicas. En Castilla-La Mancha, el PP intentará que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, gane por mayoría absoluta para arrebatar a los socialistas una de las tres comunidades españolas donde gobiernan desde su constitución como autonomía. Allí, todo se juega en dos provincias: Toledo y Guadalajara, donde la población que vive y trabaja en la cercana Madrid puede tener la última palabra. En Extremadura, las encuestas dan una victoria popular, pero insuficiente para gobernar, por lo que el socialista Guillermo Fernández Vara podría mantenerse con el apoyo de Izquierda Unida.

A Extremadura fue ayer el presidente andaluz, José Antonio Griñán; a Azuaga (Badajoz), en compañía de su homólogo extremeño y del candidato a la Alcaldía de esta población. Y no obvió la polémica del Guadalquivir: "Lo sentimos como nuestro", afirmó Griñán delante de Fernández Vara. "Es nuestro río, yo creo que ése es el sentimiento que tenemos los andaluces", declaró Griñán no sin cierto asombro de los asistentes andaluces, que creían que el presidente soslayaría el asunto que enfrenta a ambas comunidades. Y es que el Tribunal Constitucional anuló el artículo del Estatuto andaluz que se otorga competencias exclusivas sobre las aguas que pasan por el Guadalquivir -el 51- gracias a un recurso del Gobierno extremeño. Lo presentó Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero Fernández Vara no lo retiró. Por razones del azar, el ex presidente extremeño que promovió la anulación del artículo 51 estará hoy haciendo campaña en Andalucía. En Villamartín, en apoyo del alcalde socialista, José Luis Calvillo.

Fernández Vara mantuvo que el acto de Azuaga demuestra que un río como el Guadalquivir une, aunque lo cierto es que uno de los principales proyectos de Griñán está ahora seriamente comprometido por la decisión del Tribunal Constitucional.

La Junta quería convertir el Guadalquivir en un eje de desarrollo turístico, pero lo cierto es que aún se desconoce qué consecuencias tendrá la sentencia en la Administración andaluza. De momento, la Junta tiene una prórroga de seis meses concedido por el Gobierno central. Mientras tanto, los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que han sido traspasados seguirán en la Agencia Andaluza del Agua, pero es posible que la solución a la que lleguen los gobiernos central y autonómico pase por una solución de gestión mixta.

El asunto del Guadalquivir aún podría empeorar. Gracias al artículo 51 (ahora anulado), el Gobierno traspasó a Andalucía las competencias de la Confederación Hidrográfica, pero Murcia y Castilla-La Mancha, entre otros, recurrieron ese decreto ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia aún no se ha producido, aunque, a la vista de lo decidido por el Constitucional, puede concluir con la anulación de las transferencias. Y ello sí que supondría la devolución del personal y de la gestión a la Confederación.