La finca La Almoraima, latifundio de propiedad estatal, protagonizó un sinfín de titulares de prensa en 2013 cuando el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció la intención del Estado de venderla. Patrimonio del Estado desde 1983, cuando fue expropiada Rumasa, se trata de la finca de mayor tamaño de la comunidad autónoma (más de 14.000 hectáreas en Castellar de la Frontera) y la Junta reclama al Gobierno que le transfiera la titularidad. Ante el intento de venta, la Administración autonómica puso en marcha una ampliación de la superficie del parque natural de Los Alcornocales para evitar que se pudieran ejecutar "proyectos especulativos", aseguró entonces. En el otro lado estaban quienes veían en esa finca una posibilidad de desarrollo económico y creación de empleo.

En 2014, el Gobierno daba marcha atrás y aseguraba haber renunciado a la venta de La Almoraima. Y hace unos meses, el Estado cedía a Castellar de la Frontera dos parcelas de la finca para el desarrollo de proyectos vinculados al agroturismo y a la generación de energía a partir de biomasa.

PSOE

"El Gobierno central podría impulsar aún más los recursos potenciales de La Almoraima", afirma el candidato socialista Salvador de la Encina. "En el año 2008, el anterior Gobierno socialista aprobó el Plan de Desarrollo e Impulso Sostenible de La Almoraima con una dotación de seis millones de euros. Este plan ha supuesto el mantenimiento de un centenar de puestos de trabajo, mejoras en la parte rústica y agrícola y la modernización del hotel Convento".

Frente a esto, señala el socialista, "hemos tenido un intento desesperado y constante por parte del Gobierno del Partido Popular por privatizar esta finca a través del ex ministro Miguel Arias Cañete. Ha sido la Junta de Andalucía, a través de una modificación de la legislación medioambiental, quien ha impedido esa privatización. Nosotros los socialistas seguiremos impulsando el desarrollo de la finca La Almoraima de verdad, con convenios de modernización forestal, agrícola y medio ambiental, dentro de un desarrollo sostenible y con el objetivo de incrementar el empleo".

pp

La concejal popular en Castellar Pilar Lobato recuerda que "hace escasas semanas se ha formalizado la firma de escritura de la cesión de 24 hectáreas de la finca de La Almoraima por parte del Ministerio de Agricultura al Ayuntamiento de Castellar, de cuyo equipo de Gobierno forma parte del Partido Popular". Según destaca Lobato, ya hay inversores interesados en la finca donde se ubicaban los antiguos cuarteles.

"El principal objetivo que se perseguía con esta cesión es la creación de empleo. Los inversores con los que está tratando de cerrar el acuerdo, en el que actúa la Zona Franca de intermediario, se comprometen a formar a vecinos de Castellar y que un porcentaje de la contratación sea para vecinos de este municipio" explica. "Ha sido un trabajo en común entre diferentes administraciones sin importar el color político. El Partido Popular de Castellar ha formado parte del equipo que ha trabajado para conseguir esta cesión por parte del Gobierno de España, demostrando que es posible trabajar entre administraciones, sea cual sea el partido político que la gobierne, para beneficio de los ciudadanos".

Tras la formalización de la escritura, el pasado mes de mayo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, destacó que este convenio era producto de "un trabajo y voluntad común", resaltando también el compromiso del Gobierno y del Ayuntamiento con la generación de empleo y riqueza en el municipio.

unidos PODEMOS

Para Noelia Vera, la cabeza de lista de Unidos Podemos, "el plan del anterior Gobierno de vender la finca y permitir la construcción de complejos turísticos y urbanísticos de lujo en el área donde actualmente se desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la explotación de la madera y el corcho, es otro de los muchos intentos del gobierno del PP de desprestigiar lo público, privatizar y vender".

"Nos encontramos de nuevo con un plan de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico y en el empleo precario para los habitantes de la zona", asegura Vera, considerando que ha habido un "rechazo absoluto" a ese plan por parte de la ciudadanía. "Es necesario defender el carácter público de la finca La Almoraima y que ésta sea declarada monte de dominio público, para, de ese modo, anular cualquier posibilidad de urbanizar la zona", considera la podemita. "Pero también es necesario un plan de desarrollo sostenible para la finca. La creación de empleo digno para una zona tan afectada por el paro, con proyectos basados en la agricultura y la ganadería ecológica, en las energías renovables y en el producto estrella de la zona, el corcho, con industrias de transformación de dicho producto, es una asignatura pendiente para los futuros gobiernos", asevera.

c's

"Ciudadanos apuesta siempre por lo que sea más beneficioso para el ciudadano y consideramos que La Almoraima es propiedad de Castellar de la Frontera, no podemos olvidarnos que por el tamaño de la finca podría decirse que es el pueblo el que se encuentra en el latifundio y no a la inversa", apunta el cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso, Javier Cano.

Con estos datos por delante, considera que "a los intereses puramente económicos del Estado deben anteponerse las posibilidades de darle forma a proyectos y actividades que no entreguen a manos privadas este terreno público. El Gobierno y la Junta deberían llegar a un acuerdo para dar explotación turística a la zona, siempre apoyándonos en las características de explotación posibles, dado su enclave en el parque natural y contando con el apoyo del gobierno municipal de la zona".

"El turismo natural, además del corcho, y todas aquellas actividades que no incidan en daños al terreno, deberían ser estudiadas y amparadas para convertir esta posesión geográfica de incalculable valor en una fuente de impulso económico para Castellar de la Frontera", finaliza Cano.

la almoraima

El intento del Ministerio de Agricultura de vender la finca La Almoraima, la mayor de Andalucía, provocó una fuerte disputa con la Junta de Andalucía que acabó descartando la operación. ¿Qué se debe hacer con ese espacio?