Cuando Teresa Rodríguez, de profesión profesora, se subió por primera vez al estrado del Parlamento andaluz como portavoz de Podemos, se encontró con una desagradable sorpresa. Mientras intentaba hablar, de una bancada y de otra le soltaban chuflas interrumpiendo el ritmo de su discurso. "Era como una clase de niños especialmente gamberros". Teresa Ruiz Sillero, parlamentaria del PP, se apiadó de ella y, a modo de disculpa, le vino a decir que se acostumbrara. Mientras esto sucedía, el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, llevaba varios meses en la cárcel. Posteriormente entraría en prisión otra alcaldesa de esta ciudad, Pilar Sánchez, y ahora se espera en qué queda la condena de la que fue alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Tres que entraban en la lista de los 170 condenados por corrupción política que hay en nuestro país, pese a que a ninguno de ellos se les acusaba de haberse enriquecido personalmente. Antes habían formado parte del inmenso limbo político del mundo de la imputación. Hay 1.900 en España por casos relacionados con la función pública. Desde el sindicato de funcionarios CSIF se afirma que los empleados públicos miran ahora con lupa las órdenes de los políticos antes de firmar nada. 

Altos cargos del PP y del PSOE han reconocido a este medio que cada vez es más difícil encontrar independientes e incluso militantes que quieran ir en sus listas. La política está mal vista entre los ciudadanos. Su profesionalización genera sospechas. Si a esto se le añade la ferocidad de las redes sociales, donde se lapida sin piedad al político, tenemos la fotografía perfecta de aquello por lo que cualquier ciudadano de a pie no quisiera pasar.

Con este panorama, ¿faltan vocaciones? ¿Hay temor entre el ciudadano concienciado, profesional, preparado y sereno de entrar en política?

Ramón Vargas Machuca, filósofo, forma parte de aquellos intelectuales que estuvieron en política en los primeros años de la Transición, cuando esta actividad se percibía como heroica. Para él, "existe la opinión generalizada de que los más capaces y virtuosos no abundan en el mundo de la político; en fin, que no anda ahí lo mejor de cada casa".

Habríamos llegado a esa conclusión porque suponemos que "los mejores carecen de motivaciones para involucrarse activamente en la política. Los costes de oportunidad  que les supone entrar en política son demasiado altos y prefieren quedarse al margen; y también, los costes morales dado el descrédito de la política".

Hay otra razón, según Vargas Machuca, de por qué los más cualificados no entran en la política: la resistencia numantina de los actuales ocupantes a dejar su posición a otros que saben más y son más libres. "Para los que llevan ahí años y años, el coste de salida resulta muy superior; pierden demasiado. De ahí que la necesaria reforma de la política acumula más de veinte años de retraso; larga espera que ha terminado necrosando el tejido de  las instituciones y deteriorando su funcionamiento".

Juan Carlos Campo, magistrado, es de los profesionales que se ha atrevido a dar el paso y va en posiciones de salida en las listas del PSOE. Admite que tomar la decisión de meterse en política genera rechazos. "Algo de razón no les falta, aunque no han terminado de convencerme. No podemos olvidar que la crisis que vive  España es económica, pero también lo es social y política. Los ciudadanos desconfiamos  de las instituciones como nunca. Existe tal grado de desafección que algunos optan en sus idearios políticos, simplemente, por eliminar instituciones. Y en todo esto, la corrupción juega un papel estelar, y me atrevería a decir  que es el germen de esa desafección y el elemento más determinante. La corrupción rompe nuestro modelo de convivencia".

Es esto lo que le ha impulsado a implicarse: "Es necesario generar confianza. Y eso está íntimamente relacionado con la capacidad de las instituciones. Tenemos que  percibirlas como instrumentos eficaces, y para ello ahí tienen que estar personas de reconocida competencia. En esa tarea entran los perfiles profesionales y el compromiso con la cosa pública, que considero piezas importantes para la tarea de regeneración democrática en la que estamos inmersos".

Antonio Sanz lleva en política desde muy joven en las filas del PP y sabe lo que es la dura crítica, tanto las que él lanzó como parlamentario andaluz, como las que ha recibido. Cree que quien se mete en la vida pública "sabe a lo que va, estás vigilado no sólo en lo público, sino también en lo privado. Lo que hay que saber es que un político puede llegar hasta donde puede llegar y los límites los ponen las leyes. Bien asesorado, y si uno no tiene  nada que ocultar, no hay nada que temer de la política".

David de la Encina, licenciado en Derecho, trabajaba en la red de apoyo a emprendedores de la Junta antes de meterse en política. Alcalde de El Puerto tras haber ejercido una dura oposición en la anterior legislatura, ahora se encuentra en las tareas de mando y  percibe "un distanciamiento de la sociedad hacia la política y una visión peyorativa de los políticos. Hemos tenido que despacharnos con corruptelas vergonzantes, pero, como toda generalización, se omite que la mayoría no somos así. Desde mi posición de novato y de base de una pirámide administrativa, me veo como un futbolista de Tercera cuando se habla de Ronaldo y Messi, impotente por no poder hacer ver que ni todos cobramos millones, ni vivimos rodeados de flashes, ni gozamos de privilegios, sino que somos como el común de los mortales: que compramos en el mercado, que echamos gasolina a nuestro coche y que cobramos lo mismo que en nuestra profesión".

Le apasiona la política y siente envidia de que "si alguien es miembro de una entidad cultural, es admirado; si de un club deportivo, es un tío sano; si de una Cofradia, grandes valores... Pero si eres concejal... Ay si eres concejal! Y no te digo si lo eres de urbanismo..." Ante ello, recurre a las matemáticas: 774 municipios de Andalucía por 10 concejales de media por 4 años cada legislatura. "¿Cuántos casos de corrupción?  La mayoría de los modestos concejales somos honrados".

Que la política sea "una profesión de riesgo" entraña otro riesgo: "Que gente preparada y honesta no se planteará entrar a complicarse la vida por lo común, abandonando esta causa en favor de otros que vengan a conservar o a defender lo suyo o bien no tengan nada que perder y vengan a radicalizar la sociedad sin tener capacidades como para haber organizado ni su vida ni la de los demás".

Manuel Garí, economista y profesor universitario jubilado, fue muy activo en los 80 en los movimientos anti OTAN y estuvo cercano a partidos de izquierda. Luego se desilusionó. Ahora ha vuelto para hacer política en la fontanería . Ha sido uno de los que han ido construyendo las estructuras políticas de la nada en Podemos y ha intentado convencer a muchos profesionales para que se acercaran al proyecto. Reconoce la distancia que adoptan intelectuales prestigiosos con respecto a la primera línea política. Cree que ha pasado tanto en Podemos como en Ciudadanos. "Todo es demasiado líquido. Hay profesionales implicados que prefieren primero observar hacia dónde se encamina todo. Hasta que no contemplen en qué queda el experimento, prefieren quedarse en sus despachos. Porque es cierto que España, a raíz del 15-M, se ha repolitizado, pero aún de una manera muy superficial. No es el caso, por ejemplo, de Grecia o Francia, donde existe un interés por la política compleja. Aquí todavía se está en una política de banderas y eso a gente que reflexiona, que prefiere una política más de pensamiento, no le interesa. No quieren entrar, por ejemplo, en la vorágine de los debates televisivos  porque se ven incómodos en el griterío".

Este perfil que relata Garí es el de personas que se alejaron de la política cuando ésta se profesionalizó y los cuadros de los dos grandes partidos crearon un tapón que impidió un recambio generacional. Pone como ejemplos casos de Javier Pérez Royo, constitucionalista, los magistrados de Baleares que iban a acudir en sus listas o la juez que iba a ser candidata a lehendakari en el País vasco. "Todos dieron el paso atrás al ver el coste para sus carreras profesionales de la política en pleno ruedo".

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura y ahora, retirado, continúa una frenética actividad como articulista. Ibarra conoce los problemas para la elaboración de listas electorales y, de algún modo, lo achaca a lo que él llama la podemización de la política, "que está contribuyendo a que quienes tienen una representación  de cierta relevancia pública se ven obligados a tratar de mantener un comportamiento público similar al de cualquier paisano: sueldo bajo, viajar en metro y cobrar algo más del salario mínimo interprofesional. La diferencia es que el paisano es anónimo y el presidente del gobierno no lo es. Tan cercanos al ciudadano se están poniendo que cualquier insensato puede abofetearlo, como le ocurrió a Rajoy en diciembre".

"A nadie debería extrañarle -continúa Rodríguez Ibarra- el hecho de que profesionales prestigiosos que podrían contribuir a mejorar la calidad de la democracia prefieran seguir al margen de la política porque si se compromete le ocurrirá lo siguiente: nada más entrar,  perderá la condición de ciudadano respetable para pasar a la condición de individuo sospechoso. Le obligarán a enseñar los bolsillos cada mañana y a obligar que los enseñe la cónyuge, los hijos y los tíos lejanos. Estará expuesto a que un juez con afán de protagonismo le investigue por una denuncia, tal vez falsa, pero que significará su condena mediática y la expulsión del puesto que ostentaba. Y todo el mundo pensará que si está en política es porque no sabe hacer otra cosa".

Por último, Rafael Román, que formó parte del núcleo duro del socialismo andaluz en los 80, observa desde su retiro que "hay tres temas que se rozan. El primero es la democratización de los partidos con procesos de selección interna; el segundo es el pánico al deterioro de imagen de exponerse a la crítica generalizada; y el tercero la situación de amplio desempleo en la militancia política. Hacen un cóctel explosivo para una de las tareas de los partidos: la selección del personal al servicio de las instituciones. La situación ha cambiado porque hay más candidatos pero se tolera menos la discrecionalidad de escoger a los mejores, que además tienen mayores resistencias a competir por puestos con tantos inconvenientes sociales".