José Luis Ballester

Consejero editorial del Grupo Joly

En la definición de PYME aprobada por la Comisión Europea se incluyen las microempresas, con menos de 10 trabajadores y un límite de dos millones de euros de volumen de negocio; las pequeñas empresas, con más de 10 y menos de 50 trabajadores y hasta 10 millones de volumen de negocios y las medianas empresas, de 50 a 250 trabajadores y un volumen de negocio máximo de cincuenta millones de euros.

Estas empresas fueron muy afectadas por la desaceleración de la actividad económica en 2008, en el que la economía andaluza tuvo un crecimiento del PIB del 1 por ciento inferior a la media española, rompiendo con el comportamiento de más de una década de crecimiento diferencial positivo y cesando en su etapa de convergencia respecto al promedio nacional.

En 2009 se ha producido una profundización de la crisis económica mundial, que se ha manifestado en la economía andaluza con una fuerte contracción de la producción regional en torno al –4 por ciento en tasa interanual.

Este panorama general de la economía andaluza ha afectado muy especialmente a las Pymes cuya evolución en 2009, en comparación con 2008, ha sido muy negativa especialmente en inversión y empleo.

Los principales problemas que han afectado a estas empresas han sido:

-Las restricciones crediticias, motivadas por la crisis financiera.

-El aumento de la morosidad no solo de los clientes privados sino de las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, a pesar de la Ley 3/2004 que ha resultado ineficaz.

-El descenso del consumo, derivado en gran medida de la reducción del empleo y la tendencia de los que lo tienen a reducir su gasto consuntivo, ha reducido el volumen de negocio.

-El hundimiento del sector de la construcción con un numero de viviendas no vendidas que ha colapsado la actividad de promoción de nuevas viviendas, con el efecto depresivo que ello produce directamente en la construcción y en los  sectores de subcontratas y empresas auxiliares de dicha industria, en los que predominan las Pymes.

Este complicado panorama requiere la adopción de medidas de reformas estructurales  en diversos ámbitos:

1) Financiación: Si las entidades financieras por su situación no están en las mejores condiciones de hacer fluir el crédito, el Estado debe habilitar canales alternativos, como el Instituto de Crédito Oficial, que debe instrumentarse de forma que llegue directamente a las Pymes.

Una vía podría ser las Sociedades de Garantía Recíproca, habiendo dos en Andalucía, Suraval y Avalunión, con gran experiencia en Pymes y en el otorgamiento de avales para conseguir créditos de otras entidades o concurrir a obras públicas.

 El Pacto por la Concertación andaluza de la Junta con empresarios y sindicatos suscrito en diciembre de 2009 contiene en su primera parte actuaciones financieras contra la crisis. Entre sus medidas se incluye la número 10, que se repite en la medida 280, cuyo texto recoge literalmente: “Reforzar el sistema de sociedades de garantías recíprocas de Andalucía para facilitar la financiación a la PYME, mediante el apoyo a la misma, así como propiciar la consolidación e integración de dichos instrumentos”.

En la misma línea, la Ley andaluza 5/2009 de Presupuestos para 2010 en una de sus disposiciones finales regula el Fondo de apoyo a las Pymes agroalimentarias, turísticas, comerciales y a las industrias culturales.

2) Morosidad: Reducción de la misma en los pagos a las empresas de las administraciones publicas y, asimismo, en las operaciones comerciales realizadas entre empresas.

3) Simplificación administrativa y reducción del intervencionismo. La burocratización y la complejidad normativa tiene asfixiada a la iniciativa privada y ahoga la mayoría de las iniciativas. Son tales las dificultades de sacar adelante un proyecto que está provocando el efecto de que un sector de la sociedad se dedique a menesteres solo contemplativos, es decir contemplar lo mal que lo pasan los que quieren hacer algo.

El Decreto Ley 1/2009 de la Junta de medidas urgentes de carácter administrativo es insuficiente para simplificar y agilizar los procedimientos, que requieren con urgencia la reducción de los plazos de resolución y la ampliación del sentido del silencio administrativo positivo.

Un paso en la buena dirección es el Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2206 de la CEE relativa a la liberalización de los servicios.

4) Impuestos: se requiere una especial contemplación de las Pymes. La Ley de Presupuestos del Estado 26/2009 incluye la reducción en un 20 por ciento del rendimiento positivo en las pequeñas empresas personas físicas y un tipo de gravamen reducido de 20 por ciento para las sociedades, en ambos casos con un límite de volumen de negocio de cinco millones de euros al año. Se trata de una reducción muy condicionada y que solo afecta a una parte de las pequeñas empresas. Sin embargo, esa misma Ley prevé la subida desde 1 de julio de 2010 del IVA, que puede afectar negativamente a un sector tan importante en Andalucía como el turístico.

5) Reforma laboral: es urgente la flexibilización de las relaciones laborales, incluida la contratación de nuevos trabajadores con una indemnización de cese que, sin afectar a los derechos adquiridos, fomente y facilite las nuevas contrataciones.

6) Competitividad: su mejora exige un gran esfuerzo y apoyo a las Pymes sustancialmente en la formación, la innovación y la internacionalización de sus actividades.