La falta de liquidez de la Generalitat que ha motivado el impago de los conciertos de plazas asistenciales concertadas en geriátricos y centros de discapacitados, menores y drogodependientes del mes de julio llegó ayer a la Fiscalía y ha forzado la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento catalán.

El impago de los conciertos hace peligrar no sólo las nóminas de miles de trabajadores sociales, sino la manutención de unos 2.000 menores acogidos en los centros que atiende la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia).

Pese a que la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, garantiza que los trabajadores sociales mantendrán los servicios y atención a las personas, la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) presentó ayer en la Fiscalía un escrito "preventivo" por "posible desatención y riesgo vital" de los ancianos de los asilos, y pidió al fiscal que actúe "en defensa de los residentes desamparados".

Según informó a Efe Andrés Rueda, director de Ascad, que agrupa a unos 300 directores de asilos, el riesgo es especialmente grave para las personas altamente dependientes ingresadas porque "previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales".

En su escrito a la Fiscalía, los directores de los geriátricos consideran que "es una situación de verdadera alarma social", y advierten de que pese a ser los responsables del cuidado de los ancianos, el impago "imposibilitará garantizar los derechos" de los residentes recogidos en las leyes vigentes.

El Govern garantizó por su parte que el pago del dinero que debe a las entidades concertadas que prestan servicios sociales tendrá lugar "antes de finales de agosto" y aseguró que el retraso no pone en riesgo el Estado de bienestar.

El revuelo, malestar y polémica causado por estos impagos ha impulsado a los grupos parlamentarios del PSC, ICV-EUiA y ERC a forzar la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament para que el Govern dé explicaciones.