El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó ayer abrir diligencias para investigar el secuestro de los pescadores españoles en Somalia. El juez tiene previsto interrogar a toda la tripulación así como al armador.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cree que es competente para investigar este asunto al tratarse de un delito internacional. Sobre todo, España investiga estos casos desde que el Tribunal Constitucional (TC) sentara la doctrina de la Justicia universal.

Los miembros de la tripulación del barco Playa de Bakio están de camino a casa y navegaban ayer hacia las Islas Seychelles, donde llegarán hoy después de que fueran liberados el pasado sábado de su secuestro tras siete días de cautiverio. Los 26 tripulantes del pesquero vasco, con sede en el puerto vizcaíno de Bermeo, fueron abordados por un grupo de piratas cuando faenaban frente a las costas somalíes. Los atacantes anunciaron desde el primer momento su intención de cobrar un rescate por la liberación de la tripulación, lo que ha desatado una tormenta política y un enfrentamiento entre el PP, que pide que se aclare si hubo pago del rescate, y el Gobierno, que elude confirmarlo pese a que las autoridades somalíes dijeron que hubo un desembolso de más de 700.000 euros.

Tras ser informados del abordaje, las autoridades locales y la empresa armadora comenzaron las gestiones para solucionar una crisis que ha movilizado a la diplomacia española. Una célula de seguimiento formada por representantes de los ministerios de Exteriores, Medio Ambiente y Defensa coordinaron desde el primer momento las actuaciones.