La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó ayer al juez Fernando Grande Marlaska a reabrir las diligencias por el accidente aéreo del Yak-42, que el juez había concluido y cuya reapertura, con cambio de criterio incluido, había solicitado la Fiscalía hace dos semanas. Con su decisión, la Sala de lo Penal propina a Marlaska un duro varapalo al calificar de "contradictoria, precipitada y errónea" la decisión del magistrado de acordar el cierre de la causa. Los magistrados afirman además que los familiares de los 62 militares fallecidos en el siniestro "merecen un acto de justicia" con una "investigación total".

En el auto, del que es ponente el magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente, la Sala de lo Penal rechaza el argumento del juez Marlaska que responsabilizaba a la intermediaria Chapman Freeborn y a la subcontratada UM Air de las negligencias en el control del aparato siniestrado habiendo delegado de forma total y absoluta el control y gestión del vuelo en NAMSA, la agencia de la OTAN que gestiona este tipo de contratos. "Es obvio -afirma el auto- que quien tenía la obligación de cumplir con el transporte de las tropas era el Ministerio de Defensa, siendo Namsa, Chapman Freeborn, UM Air y demás contratistas los medios de los que el Ministerio de Defensa se sirvió para alcanzar dicho objetivo".

Por ello, concluyen que "existe una obligación en el ámbito del derecho privado en la contratación y otras obligaciones emanadas del vínculo de derecho público entre el Estado con sus militares que debe examinarse en la investigación judicial, por si las mismas han sido violadas y omitidas en el cumplimiento del deber de asegurar las condiciones del transporte de dichas tropas".

El auto recuerda que los responsables de Defensa recibieron 14 quejas relacionadas con el estado del avión y destaca la necesidad de que se investigue judicialmente el hecho de qué "personas que pudieran resultar responsables" del Ministerio de Defensa tuvieran conocimiento de las circunstancias penosas "y en ocasiones ciertamente peligrosas" en las que viajaban los militares "sin que pese a ello se hiciera lo necesario para disminuir el riesgo".

El pasado día 8, la Fiscalía cambió de criterio respecto al Yak ya que, según explicó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quedan "sin duda" muchas circunstancias sin determinar. El fiscal nombró algunas situaciones poco claras del accidente y del avión como que la carga de combustible era insuficiente, que la compañía, última responsable, no tenía licencia comercial para volar a Kabul, que la caja negra del avión estaba estropeada o que el personal estaba ebrio. "Son circunstancias suficientes para hacer una investigación en condiciones", apuntó.

Con este auto, la Audiencia acepta el recurso de los familiares de las víctimas que pidieron la reapertura al entender que Marlaska cerró la investigación de forma "precipitada".