La Audiencia Nacional no investigará la actuación del juez Eloy Velasco sobre el caso de la etarra Maite Aranalde, que quedó el libertad tras el pago de una fianza de 12.000 euros impuesta por el magistrado. El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, entiende que la resolución de Velasco "se ajusta a la Ley, guste o no guste", así como la tomada posteriormente por Baltasar Garzón, de ordenar de inmediato su ingreso en prisión. Mientras tanto, los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiarán la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Velasco.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, informó este jueves a la Sala de Gobierno de la institución, compuesta por los presidentes de las Salas de lo penal, lo social, lo contencioso-administrativo y tres magistrados electos, sobre los acontecimientos acaecidos en los últimos días que han desembocado en la huída de la etarra Maite Aranalde. Tras recabar toda la información, desde el momento en que la integrante de la banda terrorista fue entregada a la Audiencia Nacional hasta la actualidad, la Sala de Gobierno entiende que no se han producido anomalías en el funcionamiento "sin prejuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el CGPJ".

Los magistrados que componen el órgano decidieron por unanimidad que las resoluciones de Eloy Velasco, en la que impone una fianza a Aranalde para quedar en libertad, y Baltasar Garzón, en la que vuelve a pedir su encarcelamiento, "están motivadas y corresponden a criterios legales de los jueces y por ello la Sala de Gobierno no tiene competencia para cuestionarlas". Así, Juanes declaró a los medios de comunicación que ambas resoluciones "se ajustan a la Ley, gusten o no gusten".

Además, el presidente de la Audiencia Nacional destacó que no se produjeron anomalías en la tramitación del recurso presentado por el Ministerio Público, ya que el juez Velasco dio traslado a la defensa de Aranalde el mismo viernes, tras recibir el escrito. El abogado defensor no respondió hasta el lunes, cumpliendo con el plazo de tres días establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Garzón respondió ese mismo día a la petición del fiscal.

Denuncia manos limpias

Por su parte, el sindicato Manos Limpias presentó el pasado martes una denuncia contra el juez Velasco por decretar la libertad bajo fianza para Aranalde. La denuncia ha sido remitida a los servicios de Inspección del CGPJ, que será el encargado de decidir si procede la apertura de una investigación disciplinaria contra el magistrado o no.

Cabe recordar que Aranalde fue entregada por Francia, pero la falta de documentación sobre la presunta participación de la terrorista en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita. Velasco, que sustituía a Baltasar Garzón por encontrarse de vacaciones, decidió imponer una fianza de 12.000 para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de la familia provocó la inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esta decisión el pasado viernes y solicitó que se impusiera a la etarra medidas cautelares para evitar su huída, como la vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en la comisaría. Esta petición no fue atendida hasta el lunes, cuando regresó el juez Garzón, que decidió de inmediato revocar la decisión y ordenó su encarcelamiento.

Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dirigían a cumplir la orden del magistrado de la Audiencia Nacional, pudieron comprobar que Aranalde ya no se encontraba en su domicilio, por lo que su búsqueda se alargó durante toda la jornada del lunes y la mañana del martes. Al no encontrar a la etarra, Garzón dictó una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se ha dado a la fuga.