La sección tercera de Audiencia de León ha hecho público este martes un auto por el que declara suficiente la fianza constituida por la agente de policía local Raquel Gago, una de las tres condenadas por el asesinato de la dirigente del PP Isabel Carrasco, para evitar su ingreso en prisión. El tribunal que la condenó le impuso una fianza de 30.000 euros para evitar que ingresara en la cárcel, a la que inicialmente Gago hizo frente con unos avales sobre varias propiedades a su nombre que estaban hipotecadas, pero no inscritas en el Registro de la Propiedad.

Los letrados Beatriz Llamas y Carlos Rivera, que representan a la a la hija y la pareja de la víctima, Isabel Carrasco, presentaron el pasado 15 de marzo un auto para reclamar el ingreso en prisión, al considerar que Gago trataba de hacer frente a la fianza con un certificado de una entidad bancaria en el que únicamente constaba el importe del préstamo hipotecario que se le concedió y el saldo vivo, y que por lo tanto no ofrecía garantía alguna. El tribunal le exigió entonces que presentará más documentación y que inscribiera en el Registro de la Propiedad los bienes con los que pretendía hacer frente a la fianza, algo que la agente hizo y que le permitirá seguir en libertad hasta que se resuelvan los recursos presentados por su defensa, que pide su libre absolución.

El tribunal que preside el magistrado Carlos Javier Álvarez ha resuelto la "suficiencia" de la hipoteca sobre fincas urbanas propiedad de Gago (un piso y una plaza de garaje) que ha quedado inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de León, con fecha de 8 de abril, para cubrir los 30.000 euros de fianza. Del total de la fianza, 27.000 euros se aplican a la vivienda y los 3.000 restantes a la plaza de garaje.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León había resuelto el pasado 26 de febrero que Raquel Gago podía seguir en libertad provisional bajo una fianza de 30.000 euros. Pese a que el jurado popular declaró culpables de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a las tres acusadas por el crimen de Isabel Carrasco, el pasado 10 de marzo se hizo pública la sentencia del tribunal, que también presidía el magistrado Carlos Javier Álvarez, con la sorpresa de que absolvía a Raquel Gago del delito de asesinato en contra del veredicto.

El tribunal asumió que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas y condenó a Gago a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas, mientras que Montserrat González, autora confesa del asesinato, y su hija, Triana Martínez, fueron sentenciadas a penas de 22 y 20 años, respectivamente. La sentencia no considera a la agente de la policía local Raquel Gago cooperadora en el crimen, según estableció el veredicto del jurado popular, aunque sí como encubridora, por lo que la condena a una pena de tres años de cárcel -de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva-, y a dos años por tenencia ilícita de armas.