El Tribunal Constitucional (TC) avaló la ley que determina que las normas tributarias vascas sólo puedan recurrirse ante ese tribunal de garantías y no ante los ordinarios, el denominado "blindaje" del concierto económico vasco. El TC aprobó por unanimidad una sentencia en la que resuelve los recursos presentados por el Gobierno y el Parlamento de La Rioja y el Gobierno y las Cortes de Castilla y León, contra dicha ley, aprobada en 2010.

Esa norma supuso la modificación de las leyes reguladoras del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial (LOPJ) y de la jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) con el objeto de que los recursos contra las normas fiscales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sólo pudieran presentarse ante el TC.