La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto. 

Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el  presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos. Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son "aportaciones genéricas a fondo perdido", sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación. 

A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un "control flexible" que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.  Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuestos o auditar sus cuentas obligatoriamente". 

En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo "específico" porque un control idéntico al del sector público "no sería proporcional". "Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de Transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas", ha remarcado.  En este sentido, ha desechado la posibilidad de publicar las retribuciones de los responsables de la CEOE, que sí se exige en el sector público: "Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente", ha remarcado, precisando que los miembros de la CEOE sí pueden conocerlas.  Y ha puesto un ejemplo concreto: "Si unos empresarios del metal deciden mañana contratar un ejecutivo muy caro para un plan de internacionalización, no sé por qué eso tiene que estar dentro del marco de esta ley", ha dicho. 

Además, el representante de la CEOE ha pedido que la nueva legislación no coarte la acción de las pequeñas organizaciones empresariales porque lo que está en juego en la competitividad colectiva y si al final se decide algo que restrinja el margen de maniobra de las "pequeñísimas" organizaciones empresariales, no se contribuirá a la salida de la crisis.  Por otro lado, Lázaro ha informado de que la CEOE está en pleno proceso de revisión de sus estatutos y que las nuevas normas internas incluirán "más criterios de transparencia" donde se recojan asuntos como la limitación de los mandatos, la moción de censura, o las normas de actuación en caso de procesamiento de los responsables de la organización, como les ocurrió hace unos años con Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE que sigue en prisión provisional. 

Los sindicatos piden que no se limite la libertad sindical

Por otro lado, representantes de CCOO y UGT han exigido que su sometimiento a la Ley de Transparencia no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical. En una comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita el texto, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha advertido de que, en el caso de las organizaciones sindicales, la obligación de "información activa" que recoge la ley debe "quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que gestionan".

Benito ha defendido que tampoco hay que "confundir" la obligación de los sindicatos con la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".

El secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, ha recordado que, según la OIT, una "disposición que reserve al Gobierno el derecho de verificar lo fondos sindicales es incompatible con el principio de que los sindicatos deben tener el derecho de organizar su administración y que las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio"