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La crisis catalana

Catalá sobre la investidura de Sànchez: "Debería ser un candidato que pudiera ejercer sus responsabilidades"

  • Pide que se deje trabajar a Llarena, que tiene que pronunciarse sobre la petición de libertad del exlíder de ANC

Catalá sobre la investidura de Jordi Sànchez.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña debería poder ejercer sus responsabilidades, en alusión al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que esta mañana ha presentado un escrito al Tribunal Supremo en el que solicita su libertad para poder ser investido en un pleno previsto para el próximo 12 de marzo. 

A preguntas de los medios antes de participar en un acto organizado por la CEOE y el Consejo de Economistas, Catalá ha manifestado que es al juez instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que le corresponde pronunciarse sobre la petición formulada por el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el 16 de octubre por su implicación en la deriva independentista. 

"Haríamos todos un buen servicio a la Justicia si no opinamos y no decimos lo que nos parecen las cosas; quien tiene que decidir es el juez. Hay que dejarle trabajar como ha hecho hasta ahora con absoluta independencia, con criterios jurídicos y que decida lo que considere", ha dicho el ministro. 

La defensa de Sànchez ya había anunciado que pediría formalmente su libertad al magistrado instructor una vez se oficializara la candidatura. Este mismo martes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura para el próximo lunes 12 de marzo a las 10.00 horas.

Sànchez pide celeridad al juez

En su escritos dirigidos al juez y recogidos por Europa Press, Sànchez expone que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle. 

Por ello insta al magistrado instructor a que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días y pide que, en caso de no concederle la libertad provisional, se le otorguen "permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura". 

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