El procés sigue su camino. La futura ley de referéndum, presentada ayer por JxSí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí, sin fijar un mínimo de participación, un texto que el Gobierno tachó de "antidemocrático" y que asegura que no se aplicará. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a los soberanistas que "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización".

La iniciativa no se ha registrado aún como proposición de ley en el Parlament sino que fue dada a conocer en un acto en el auditorio de la Cámara catalana, al que asistieron diputados de JxSí, CUP, Podem y EUiA, mientras que se ausentaron la otra parte de CSQP, Ciudadanos, PSC y el PPC, que la calificó de "golpe de Estado". Los independentistas quieren fundamentar la cita del 1 de octubre sobre una ley de referéndum de autodeterminación, que establece en su articulado que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".

El proyecto establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar la consulta y se ampara en la legislación internacional, al tiempo que resalta que "prevalece jerárquicamente sobre aquellas normas que puedan entrar en conflicto", para blindarse ante una posible suspensión del Tribunal Constitucional. También ampara "a aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.

El texto prevé la creación de la Sindicatura Electoral, como sustitutiva de la Junta Electoral, y un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente. Si bien el documento fija qué pasaría en caso de que ganara el sí (declaración de independencia) o el no (elecciones autonómicas), no fija en cambio cuál debería ser la diferencia mínima del sí respecto del no, ni establece un mínimo de participación para dar como válido un eventual referéndum.

Tras la presentación, los independentistas organizaron otro acto por la tarde en el Teatre Nacional de Catalunya, con la presencia del president Carles Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, con el título Garantías para la democracia, que sirvió para ofrecer nuevos detalles, como las urnas, que los secesionistas quieren que sean de metacrilato, y que el Govern comprará de forma "solidaria" para "compartir la responsabilidad".

El president llamó a la participación y a no "desertar" de la consulya porque esto supondría pagar un precio "más alto" en el futuro, y garantizó que el Govern hará posible el "voto decisivo" del 1 de octubre. Subrayó, igualmente, que en la consulta "no habrá ningún choque de trenes", sino que "un tren del statu quo quedará en vía muerta y el otro continuará la marcha", pues incluso si ganara el no a la independencia "nada volverá a ser lo mismo".

En este contexto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió que la futura ley es "profundamente antidemocrática" y se mostró convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatut. El presidente del PPC, Xavier García Albiol, dijo que sería "deseable" que la Fiscalía actuara.

Para el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, arroja "más dudas" para los funcionarios puesto que "el Govern no pretende cumplir las leyes vigentes". El portavoz parlamentario de CSQEP, Joan Coscubiela, avisó de que el texto "vulnera" el Estatut, "ignora" la legalidad internacional y "se confronta" a la española, mientras que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, apuntó que que los que defienden el referéndum "intentan disfrazar el 1 de octubre de lo que no es. Yo estoy con la Constitución".