La antigua Convergència, reconvertida en el PDeCAT, ha sido condenada por la Audiencia de Barcelona a devolver 6,6 millones de euros en mordidas ilegales y su ex tesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel por las comisiones ilegales que la formación independentista cobró a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un "flujo constante" de obra pública.

Casi nueve años después de que estallara el escándalo por el desfalco del Palau, uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, la Audiencia ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel al que fuera su máximo responsable, Fèlix Millet, al concluir que saqueó la institución en beneficio propio, desviando los fondos públicos y privados de que se nutría para todo tipo de gastos domésticos, viajes y hasta las bodas de sus hijas.

A Jordi Montull, la mano derecha de Millet, la sala le ha impuesto siete años y seis meses de cárcel, y otros cuatro y medio a su hija Gemma, ex directora financiera de la entidad, para la que la sentencia ha supuesto un mazazo, dado que confiaba que su condena no superara los tres años de prisión -uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitía eludir la cárcel- que pactó con la Fiscalía a cambio de incriminar a CDC en la trama.

En una sentencia que el propio ex presidente de CDC y hasta hace unos días del PDeCAT Artur Mas no dudó en calificar de "dura", la Audiencia cree probado que, mientras eran expoliadas, las cuentas del Palau sirvieron de "puente" para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4%, que CDC se repartía con los ex responsables de la entidad en una proporción del 2,5 y el 1,5%.

A cambio de esas mordidas, sostiene el tribunal, los ex tesoreros de CDC Daniel Osàcar y Carles Torrent, fallecido en 2005, utilizaban su posición política, "por sí solos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", para lograr que los órganos que decidían en materia de obra pública autonómicos o locales "generasen un flujo constante" de adjudicaciones a Ferrovial.

En consecuencia, la Audiencia ordena el decomiso de los 6,6 millones de euros cobrados por CDC, que sigue con quince de sus sedes embargadas como fianza por su responsabilidad en el desfalco, aunque pospone a la fase de ejecución de la sentencia -una vez que sea firme- la decisión sobre si es el PDeCat quien debe pagar esa cantidad.

El PDeCAT se apresuró por su parte a desmarcarse de la formación que la precedió y, tras recordar que es una formación "nueva" nacida en 2016, insistió en que CDC ya ha "asumido responsabilidades políticas" por este caso. La formación independentista pidió en un comunicado que se respete la presunción de inocencia de los acusados hasta que haya una sentencia definitiva.

La línea 9 del metro o las obras de la Ciudad de la Justicia son algunas de las grandes obras que el tribunal cree se adjudicaron a Ferrovial, mediante concursos en que el resultado final se "cocinó" para beneficiar a la constructora por el pago de comisiones, en un "acuerdo criminal" que se mantuvo "ininterrumpidamente" desde 1999 hasta que los Mossos entraron en el Palau en 2009.

Según el tribunal, en un inicio las comisiones se hacían llegar a CDC con entregas en efectivo al ex tesorero, pero con la entrada de Gemma Montull al Palau el sistema se "sofisticó" con convenios mendaces y facturación de servicios inexistentes a empresas que se prestaron a tal fin. Los ex directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga han sido absueltos porque su responsabilidad penal ha prescrito.