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Crisis en Cataluña

C's pide a Zoido que aclare el espionaje de los Mossos a políticos y depure responsabilidades en los expedientes internos

  • Deja en manos de los jueces la decisión sobre suspender la ANC y dice que C's hará el control político y económico de las subvenciones

  • Defiende que hay que "parar" las actuaciones "irresponsables" de políticos como Roger Torrent que "llevan al enfrentamiento" 

Cs dice que la disolución de la ANC "corresponderá a los tribunales"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que, como responsable de los Mossos d'Esquadra en este momento, aclare cuál fue la "colaboración" de la cúpula de este cuerpo policial en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y si algunos agentes se han dedicado a espiar a políticos no independentistas. 

"Por un lado, está la participación de los Mossos, en parte por lo menos, en la colaboración con el referéndum ilegal; y por otra, están saliendo a la luz episodios de espionaje en ámbitos relacionados con los Mossos a determinados políticos de la oposición, incluidos políticos de C's", ha señalado en una entrevista. 

Villegas considera que "hay que poner luz y taquígrafos sobre lo que ha pasado" y que Zoido, que está al frente de la Policía autonómica catalana desde el pasado octubre por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "es el responsable de aclarar estas situaciones". 

"Si alguien ha incumplido la ley, habrá que aplicar responsabilidades. Las administrativas, que corresponderán a los expedientes internos que se puedan abrir desde Interior o desde la Conselleria correspondiente, y las penales, que dirimirán los jueces", ha manifestado.

Aplicar la ley a todos los que tengan responsbilidad penal

A una pregunta sobre el papel que desempeñaron en la organización del referéndum algunos alcaldes independentistas, las personas que escondieron las urnas o quienes las transportaron, el dirigente de C's ha contestado que es la Justicia la que determinará si cometieron o no algún delito. 

Tras recalcar que los políticos no deben decirle a los jueces contra quién deben actuar o a quién deben "sacar de la cárcel", ha dejado claro que "todo aquel que haya incurrido en responsabilidades penales, los jueces tendrán que aplicarle la ley con toda normalidad, como se aplica a cualquier otro ciudadano en cualquier otra circunstancia". 

Igualmente, sostiene que la decisión sobre una posible suspensión de la Asociación Nacional Catalana (ANC) "corresponderá a los tribunales", en el caso de que se iniciara un procedimiento penal que pudiera tener esa consecuencia. 

Como partido, Ciudadanos se centra en "el control político y económico" de ese tipo de asociaciones independentistas para saber, por ejemplo, qué subvenciones públicas han recibido y a qué fines han destinado ese dinero. 

Sobre la posibilidad de que el Estado reclame a los responsables del 'procés' los gastos de seguridad en que ha incurrido el Gobierno, como el traslado y la estancia de policías en Cataluña antes y después del referéndum, Villegas ha indicado que las responsabilidades económicas "son una segunda o tercera derivada que ya llegará en su momento", pero que ahora esto "no es lo más importante ni lo más urgente".   Para el partido naranja, lo prioritario en este momento es "parar" las actuaciones y los discursos "irresponsables" de algunos políticos separatistas, entre ellos el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que "llevan al enfrentamiento y a actitudes violentas en las calles".

Situación de Carles Puigdemont

Por último, en relación con la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido el pasado domingo en Alemania en aplicación de una euroorden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha dicho que no cree que la labor de las autoridades judiciales alemanas sea "juzgar el Código Penal español" para decidir si entregan o no al diputado catalán a España. 

"Lo único que tienen que ver es si el tipo delictivo que consta en la euroorden es un tipo delictivo equiparable al que existe en su Código Penal", una equivalencia que "parece a todas luces que sí existe", ha explicado. 

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