La estrategia de los secesionistas está clara desde que el pasado 9 de noviembre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros miembros de la Mesa que declararon ese día en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, aceptaron la aplicación del artículo 155 y renunciaron "a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, también se unió a esa táctica para pedir su libertad en un escrito en el que se comprometía a perseguir la independencia "por vías estrictamente pacíficas y democráticas" y que aceptaba "la aplicación del 155", igual que hicieron los ex consellers encarcelados, tanto de ERC como de JxCat, para solicitar su puesta en libertad.

Tomaron el mismo camino para pedir su excarcelamiento el ex conseller de Interior Joaquim Forn, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por JxCat Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que se desmarcaron ante Llarena de la vía unilateral en el proceso independentista y aceptaron actuar a partir de ahora siguiendo las vías constitucionales, negando el efecto legal del referéndum del 1 de octubre.

Tanto Forn como los Jordis contestaron a las preguntas de los fiscales y de su defensa. Sólo el ex conseller respondió a la acusación popular que ejerce Vox. El juez no tomó este jueves ninguna decisión respecto a sus medidas cautelares, sino que lo hará cuando los imputados presenten sus respectivos escritos solicitando la excarcelación. Las defensas de Forn y Sànchez lo harán este viernes previsiblemente, mientras que la de Cuixart será en los próximos días.

Los tres investigados admitieron la ilegalidad del 1-O y que ese día, así como el 20 de septiembre -día de los registros judiciales en sedes de la Generalitat-, se produjeron actos violentos o vandálicos. Pero mientras que Forn y Cuixart concretaron que cualquier objetivo político debe respetar la vía constitucional, Sànchez fue menos específico y no aludió directamente a la Carta Magna, sino que optó por afirmar que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado.

Según las fuentes consultadas, el más claro en este sentido fue Forn, quien manifestó que no renuncia a la independencia, pero que no hay otra manera de llegar a ella que no sea dentro del marco constitucional. Aseguró que tomará posesión de su escaño en el Parlament, pero que si el futuro Govern vuelve a apostar por la unilateralidad, dimitirá. Además, adelantó que no aceptará ningún cargo como consejero.

Esa tesis fue remarcada por su abogado al terminar la declaración: "No contempla otra vía que no sea una reforma de la Constitución por los cauces que la propia Constitución contempla. Si se sigue por la unilateralidad, él se bajaría del tren", indicó. También Sànchez renunciará a su escaño en el caso de que JxCat continúe con la unilateralidad como vía para la independencia.

Cuixart dijo al magistrado que por esa fórmula no se va a conseguir la secesión de Cataluña y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España. El líder de Òmnium, el único de los tres imputados que no concurrió en las listas del 21-D, fue contundente al reconocer que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre fue "simbólica".

Sobre los actos violentos del 20 de septiembre y el 1 de octubre, admitió que el día de los registros pasó "menos de lo que podía haber ocurrido", pero que nadie los alertó de que estuvieran cometiendo ilegalidades. Matizó que en ningún momento se incitó a la violencia. Forn manifestó al respecto que entre sus disposiciones como conseller no estuvo articular los dispositivos operativos de las diferentes actuaciones policiales y subrayó que nunca puso a los Mossos al servicio de la causa independentista.