El ex director general de Juventud del Govern en la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez, ha acudido hoy a declarar a la Jefatura Superior de Policía de Baleares acompañado del abogado Bartomeu Vidal, en relación con la supuesta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno de Baleares.

Gálvez llegó a las dependencias policiales de Palma alrededor de las 10.00 horas de hoy y apenas estuvo dentro diez minutos.

El ex director general de Juventud entró sin escolta policial por la puerta principal caminando con total tranquilidad al lado de su abogado, con el semblante serio y preocupado y la cabeza alta. Al salir, siempre acompañado de Vidal, fue recogido a la entrada de la Jefatura por un coche gris.

En todo momento, a pesar de la insistencia de los numerosos medios de comunicación congregados en la zona, Gálvez ha eludido hacer comentario alguno acerca de su comparecencia.

Mientras, la Policía Nacional ultima ya el atestado referente a la presunta trama de corrupción detectada en el Consorcio de Turismo Joven del Govern balear durante la pasada legislatura, aunque no descarta que hoy aún puedan producirse nuevas detenciones o comparecencias.

"La investigación sigue abierta hasta que los detenidos no pasen a disposición judicial", han informado a fuentes policiales, que han confirmado que tres, de las seis personas detenidas por este caso, han pasado su segunda noche en los calabozos y continúan en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Las mismas fuentes han señalado que se espera que pasen a disposición judicial esta tarde, alrededor de las 16.00 horas, o bien mañana por la mañana, una vez que se terminen "una serie de gestiones que quedan pendientes" del atestado del caso.

Entre los detenidos figuran el ex gerente del Consorcio Turismo Joven, Damià Amengual, y el jefe de Servicios y Mantenimiento de la misma, Juan Francisco Gosálbez, ambos ex altos cargos del PP en la pasada legislatura; y la esposa de este último, María Auxiliadora Pérez.

Los arrestados se enfrentan a acusaciones por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La principal acusación se basa en que Gozálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de que se celebrarán las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de la mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Jove.

Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gozálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando la mensualidad del alquiler, fijada en 4.500 euros al mes.

Asimismo, a los detenidos se les acusa del pago de varias comisiones en diferentes obras.