La comunidad educativa está dividida sobre el posible aval del Tribunal Constitucional (TC) a la financiación pública de los centros escolares que separan a los alumnos por sexo y que el Gobierno blindó en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) señaló que si se hace efectivo este respaldo del TC a la enseñanza segregada sería "muy negativo" para el sistema educativo y un "paso atrás" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Además, censuró la politización de la Justicia: "Esos jueces están puestos por los partidos políticos y deciden sobre lo que a estos les interesa".

Lo mismo indica la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, quien subrayó que es un "escándalo" que el PP "recurra a la Justicia para que "avale sus políticas franquistas".

Sin embargo, la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (Ceapa), Begoña Ladrón de Guevara, consideró que la posible decisión del TC estaría "en consonancia" con el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza. "Todo lo que vaya en encaminado en la defensa de la libertad de elección de los padres es bueno", apostilló.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), su presidente, Alfonso Aguiló, afirmó que es favorable a la "pluralidad en la escuela" y recordó que en Francia, Alemania e Inglaterra la educación diferenciada forma parte también de la red pública.

El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, Carles López, señaló que, aunque no está de acuerdo con este modelo de educación, "si se ampara judicialmente", su organización no tendrá "nada que decir".

Desde CCOO, Miguel Recio aseguró que el posible respaldo del TC a este modelo diferenciado no obligaría a la Administración educativa a ofertarlo. "Sería legal, pero no obligatorio".