Las reticencias de ERC a la investidura imposible de Carles Puigdemont siguen aumentando con el paso de los días. El ex vicepresident Oriol Junqueras ya ha lanzado desde la cárcel de Estremera varios mensajes al respecto y ayer fue su número dos en Esquerra, Marta Rovira, la que planteaba una nueva condición, también imposible, para que el prófugo instalado en Bruselas pueda tomar posesión.

"Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías, que sea efectiva y que no implique consecuencias penales para muchísima gente", afirmó Rovira en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies. Es decir, que si la Mesa del Parlament decidiera seguir adelante con el propósito que expresó el presidente de la Cámara, Roger Torrent (también de ERC), de investir a Puigdemont, los componentes de la Mesa y los diputados que pudieran participar en ella deben tener la seguridad de que no acabarán en prisión.

La presión judicial sobre el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura está empujando al soberanismo a explorar un plan B, del que casi nadie habla públicamente, aunque en privado ya circulan posibles alternativas al bloqueo político actual y a unas nuevas elecciones.

Diversas fuentes soberanistas señalaron a Efe que, después de que el pasado martes Torrent aplazara por sorpresa el pleno de investidura, quedan "cada vez menos salidas" para que Puigdemont pueda ser de nuevo presidente de la Generalitat.

Aunque hay partidarios en JxCat y el PDeCAT de explorar alternativas, por el momento guardan silencio públicamente, a la espera de que Puigdemont "saque sus propias conclusiones" y señale un "camino" que posibilite la investidura de un nuevo president.

Los últimos movimientos judiciales han ido estrechando aún más el margen, no sólo para que Puigdemont sea investido sino también para que fuerce unas nuevas elecciones y se presente otra vez como candidato.

El martes se frustró posiblemente su último intento para ser investido: Torrent, valor en alza de una ERC que en pocos meses puede ver inhabilitados a buena parte de sus cabezas visibles, evitó un pleno que habría chocado con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional (TC).

En la segunda mitad de febrero, tras recibir todas las alegaciones, el TC podrá decidir si admite el recurso del Gobierno para impedir que Puigdemont sea investido. Si lo hace, el pleno de investidura y la candidatura de Puigdemont quedarán automáticamente en suspenso y en marzo, según calculan las fuentes consultadas, el Alto Tribunal puede acabar confirmando su veto a una investidura de Puigdemont desde Bélgica, como apuntan las medidas cautelares.

Si en marzo o abril fuera inhabilitado, el ex president no podría ostentar ningún cargo ni repetir como candidato en unas hipotéticas elecciones convocadas si no hay otro que pueda ser investido.

En las filas de JxCat se esgrimía como verosímil el escenario de nuevas elecciones si se impedía la investidura de Puigdemont, que en ese caso, argumentaban, podría salir reforzado en las urnas, pero la posibilidad de inhabilitación obliga al soberanismo a replantearse la estrategia.