Llevaban tiempo mascando la idea y ayer la presentaron en internet. Los hispanosuizos Daniel Ordás (abogado y político) y Juan Cortizo (letrado sin política) han diseñado Reforma 13, una alternativa al actual sistema constitucional español concentrada en seis frentes: democracia directa, listas abiertas, políticos milicianos, recauchutado de Congreso y Senado, y elección del Gobierno.

Notorios en los medios nacionales ante la profundidad del divorcio entre los ciudadanos y sus instituciones, su propuesta perturbará a los partidos de raíz conservadora y proverbial endogamia, o sea, a todos los viejos (PSOE, PP, nacionalistas) y alguno de los nuevos (UPyD). Porque, aunque la Carta Magna contempla en su artículo 23 la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, ese mandato huele a naftalina.

Apuestas rompedoras hay un puñado. Por ejemplo, las iniciativas legislativas populares vinculantes -herramienta óptima para crear, modificar o eliminar leyes-, a un precio asequible: el 1% del censo electoral (unas 350.000 personas). O los referendos para oponerse a leyes aprobadas en las Cortes. Coste: el 0,5% (175.000).

Cambiaría además el sistema de mayorías: las votaciones populares requerirían el 50% más uno de los votos válidos. Y todo voto se concentraría en el segundo domingo de cada trimestre.

Respecto a las listas abiertas, se sugieren dos posibilidades: modificar las que configuren los partidos (tachando candidatos, incluyendo a algunos de otras listas, votando dos veces a un mismo aspirante) o elaborar una a la carta donde quepan tantos nombres como escaños haya en liza. El voto personal (los obtenidos por cada candidato) determinaría el orden de reparto de los escaños y el voto de lista cuántos se lleva cada formación.

Directamente contracultural en esta España del apego a la silla es la concepción de la política como complemento: sólo los miembros de los gobiernos nacional y autonómicos y los de las Diputaciones Permanentes de las Cortes (hasta un tope de 42) ejercerán el cargo a tiempo completo. El resto cobrará unas dietas pero vivirá de la profesión previa. Es lo que en Suiza llaman políticos milicianos. En todos los casos se estrecha el corsé de la transparencia: ambas cámaras publicarán un listado de conflictos de intereses. Cada parlamentario declarará sus afiliaciones extrapolíticas (asociaciones, lobbies). Los rendimientos económicos extraordinarios (aquellos que superen el salario mínimo) se exhibirán con luz y taquígrafos.

Ordás y Cortizo no se olvidan del Congreso y el Senado, de su reparto competencial y de cómo el elector los moldea. Para empezar, ambas sedes tendrán exactamente el mismo poder y, por lo tanto, derecho de veto sobre las iniciativas que adopte su contraparte. Si los debates se enquistan y las leyes se momifican, se creará una comisión mixta compuesta por hasta 30 parlamentarios repartidos al 50%.

A la ley electoral se le da un buen achuchón. Las circunscripciones serán provinciales conforme al método Sainte-Laguë: a cada una le corresponde el número entero resultante de dividir el total de habitantes entre 100.000. Después se comprobará cuántos votos habría logrado cada partido a escala nacional. Aquellas que hayan sido perjudicadas obtendrán los denominados escaños compensatorios. En la Cámara Alta, a cada comunidad autónoma se le asignarán cuatro senadores. Las dos listas más votadas obtendrán dos. La tercera, uno.