La Fiscalía pedirá que se archive la denuncia que el Govern presentó contra los agentes de la Guardia Civil que la semana pasada interrogaron a varios cargos de la Generalitat en relación con los preparativos del referéndum, dentro de la investigación del caso Vidal.

Según informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press, la Fiscalía sostendrá en su escrito que es improcedente la denuncia que los abogados de la Generalitat interpusieron el sábado ante el juzgado de guardia de Barcelona por considerar que la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los interrogados.

El Ejecutivo catalán defiende su reforma reglamentaria para agilizar la 'desconexión' El PP insta al PSOE a darle un apoyo sin fisuras que den oxígeno a los soberanistas

La Guardia Civil citó en el cuartel de Travessera de Gràcia al ex portavoz del Pacto Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; al director de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; al secretario de la Presidencia, Joaquim Nin, y a la jefa de Comunicación de la Conselleria de Asuntos Exteriores, Anna Molas, entre otros.

Los letrados de la Generalitat apreciaban cinco presuntos delitos recogidos en el Código Penal en la actuación de los agentes: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos.

El Govern presentó ayer por su parte un recurso de súplica para que se levante la suspensión sobre la reforma del reglamento del Parlament, alegando que se ha producido un "abuso de derecho", y el Tribunal Constitucional (TC) preguntará a las partes antes de pronunciarse al respecto.

El pasado lunes, el pleno del TC acordó la suspensión de esa reforma del reglamento al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno del PP y apercibió a los miembros de la Mesa del Parlament de que la aplicación de esa reforma acarrearía responsabilidades, incluso penales.

En su escrito, los abogados de la Generalitat ponen de manifiesto que el procedimiento impugnado, la lectura única para las proposiciones de ley que presenten los grupos parlamentarios, figura en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, por lo que creen que solo se ha impugnado por su posible futura utilidad: aprobar de forma exprés la ley del referéndum.

Los abogados de la Generalitat razonan que resulta "a todas luces desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo, acudir a la impugnación en sede constitucional de una norma como es el reglamento de una cámara parlamentaria".

En este sentido, piden al TC que no admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad, de modo que "se impida el abuso de derecho y la desviación de poder que resultan de la impugnación planteada".

Si el recurso de súplica no surge efecto, los abogados avanzan que presentarán alegaciones para defender la "plena constitucionalidad" del artículo impugnado, reclamar la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto y pedir el levantamiento de la suspensión.

Alegan que el recurso que presentó el Gobierno del PP "se funda no en la inconstitucionalidad del texto normativo impugnado, sino en la presunción de su futura aplicación a un supuesto determinado", en el contexto del proceso soberanista.

El recurso de súplica ha sido ya registrado en el TC y ahora habrá que tramitarlo dando traslado a las partes para que informen sobre su admisión a trámite y, una vez se hayan pronunciado, se estudiará el asunto.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados Teodoro García acusó ayer al PSOE de haber dejado al Gobierno a su suerte frente a los independentistas catalanes y le instó a apoyar sin fisuras la estrategia de Mariano Rajoy para frenarles "en seco", en lugar de darles oxígeno.