La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la entrega a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar datos de 130.000 evasores evasores fiscales, en atención a su colaboración en investigaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Según la fiscal Dolores Delgado, la información de Falciani ha servido para desvelar conductas que han podido contribuir no solo "a la crisis" económica, sino "a la vulneración de derechos de los ciudadanos" a los que se les han sustraído fondos públicos y por ello "no se le puede perseguir, y España no le perseguiría".

Apoyándose en esa actitud colaboradora, la fiscal, cuya posición en este caso no se ha conocido hasta ayer, expuso en su informe final que no cabe la extradición de Falciani al no cumplirse el requisito de la doble incriminación (que los delitos por los que se pide la entrega tengan su equivalencia en el ordenamiento jurídico español).

Esto es así, explicó, porque, si bien los delitos por los que Suiza pide la entrega pudieran ser equivalentes a los relativos a revelación de secretos, en España no está penado el delito de revelación de secretos bancarios.

El informático, que fue detenido en julio en Barcelona y puesto en libertad en diciembre con el informe favorable de la fiscal, cumplió además, según Delgado, con su obligación de denunciar hechos delictivos conocidos en razón de su cargo y no se puede "castigar a aquellos que observando conductas delictivas" las denuncian.

El ex secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña testificó que gracias a la información de Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros.

Falciani negó ayer haber intentado alguna vez vender información, aunque Suiza sostiene lo contrario.