El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para este miércoles a tres policías que participaron en la investigación sobre el chivatazo que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, han informado fuentes jurídicas. Así lo ha acordado el magistrado en una providencia notificada a las partes y después de que la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal le ordenara ayer practicar nuevas pruebas en la causa.

En concreto, el juez solicita a la Policía que le facilite los datos de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, realizó las llamadas, así como que informen sobre si estaba intervenida, y si existe una relación de llamadas entre Elosua y Cau Aldanur (miembro del aparato de extorsión de ETA). Garzón, que también solicita las transcripciones de las llamadas realizadas desde la cabina y desde el teléfono móvil, cursará comisión rogatoria a Francia una vez que reciba el informe de la Policía para que las autoridades galas le informen sobre si existe algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. Además, el magistrado preguntará a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".

Los tres policías a los que el magistrado tomará declaración son el responsable principal de la investigación y dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que la sala identifica como "Unai" y "Sugoi". El tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López (ponente), entiende que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Añadió la sala que "parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2006".

Garzón aceptó el pasado mes de noviembre antes de decidir si archiva o no la investigación abierta que se practicara un análisis pericial de la cinta de vídeo que la Policía grabó en el bar Faisán, pero rechazó otras pruebas solicitadas por las asociaciones Dignidad y Justicia y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) porque consideró que la actuación de los policías fue "exhaustiva" y "difícilmente superable". La Fiscalía, por su parte, solicitó el pasado mes de octubre el archivo de la causa al considerar que tres años después de iniciar la investigación no se ha averiguado quién fue el responsable.

La sala, sin embargo, cree que la investigación apunta "en otra dirección" que no ha sido objeto de análisis, ni por parte de la Fiscalía, ni por la de la Policía Judicial no por la del instructor. En este procedimiento se investiga la filtración llevada a cabo por una persona que el 4 de mayo de 2006 advirtió al propietario del bar Faisán, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de que estaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía ser arrestado ese mismo día.