El Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones con el Congreso por la decisión de la Mesa de la Cámara baja de levantar dos vetos de la veintena que ha interpuesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

Según informó ayer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un conflicto referido a los dos vetos que levantó la Mesa a dos iniciativas sobre el calendario de la Ley de Educación y sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores referida a las condiciones laborales de los empleados subcontratados.

El Gobierno tiene la capacidad constitucional de vetar aquellas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que, a su juicio, conlleven un aumento de gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios.

Bajo esta premisa, el Gobierno ha vetado ya la tramitación parlamentaria de dieciocho proposiciones de ley de los grupos, la última reclamando una bajada del IVA cultural.

Una postura del Ejecutivo que ha generado mucho malestar en la oposición y ha llevado a la Mesa del Congreso -en la que el PP no tiene mayoría- a levantar dos de esos vetos al entender que no estaban suficientemente razonados.

Ahora, el Ejecutivo recurre esa decisión de la Mesa porque, según ha dicho Méndez de Vigo, es necesario "controlar y asegurar el derecho de cualquier Gobierno de oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos".