El Gobierno vasco, que ha tardado lustros en aprobar su primera ley de víctimas del terrorismo, no ha tardado ni dos semanas en denunciar la situación de María Isabel y Blanca Bruño, las dos empresarias acusadas de financiar a la banda terrorista ETA.

En una declaración institucional aprobada ayer, el Ejecutivo de Ibarretxe conmina al juez Baltasar Garzón a "clarificar, con urgencia", la situación de las dos empresarias vascas, en prisión provisional desde el pasado día 12 de junio.

Fue la portavoz del Gobierno de Vitoria, Miren Azkarate, la que dio lectura al texto en el que se pide a Garzón que aclare y clarifique "con urgencia" la situación de las dos empresarias ya que considera que su encarcelamiento se sustenta en "indicios que no parecen tener la solidez necesaria para anular la presunción de inocencia". Además el Gobierno vasco presenta a ambas como víctimas y no como colaboradoras de la banda terrorista.

"Las personas extorsionadas por ETA son víctimas, y sólo ETA es culpable de la extorsión", afirmó Azkarate, que recordó que en 2004 "se produjo un caso similar cuando se intentó encausar a conocidos cocineros vascos".

Garzón decretó prisión incondicional para María Isabel y Blanca Bruño a las que imputó un delito de colaboración con banda terrorista por financiar voluntariamente a ETA con una cantidad cifrada en unos 6.000 euros.